Al cumplirse ayer el 31 aniversario del asesinato de Gregorio García Castro (Goyito), familiares, dirigentes del Colegio de Periodistas (CDP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) clamaron porque su crimen no quede impune y pidieron a la Suprema Corte de Justicia que revise el caso.

Héctor Luzón, presidente del CDP, sostuvo que la muerte del periodista García Castro fue un «crimen de Estado» y que, por lo tanto, nunca prescribe.

«En el caso de Goyito, aún a 31 años, ese expediente debe ser revisado para que se haga justicia», recalcó Luzón.

Los miembros del CDP y familiares de García Castro, depositaron sendas ofrendas florales en el lugar donde el 28 de marzo de 1973 cayó abatido el entonces jefe de redacción del vespertino Ultima Hora. Con esta actividad, el CDP dio inicio a los actos de la semana del periodista.

Luzón recordó que del asesinato de Goyito fueron acusados el primer teniente Juan María Arias Sánchez, el cabo Milton de la Cruz Lemus y el raso Rafael Pérez Pereyra, todos de la Policía Nacional, pero que nunca fueron sometidos los autores intelectuales del crimen, «o bien, han sido eximidos por las autoridades».

«Goyito murió defendiendo sus ideas y expresando lo que sentía durante el régimen de los doce años de Joaquín Balaguer, que se caracterizó por la intolerancia y los asesinatos, a mansalva, y la impunidad de numerosos crímenes», dijo Luzón.

De acuerdo con el presidente del CDP, ese gremio tiene la obligación de mantenerse firme en la defensa de las libertades públicas y la libre expresión del pensamiento y consideró que sería un mal precedente que no se luche contra crímenes como el cometido contra García Castro y también el del periodista Orlando Martínez.

A la ofrenda floral en memoria de García Castro asistieron, además de los directivos del CDP, el abogado Porfirio Rojas Nina y familiares del malogrado periodista, entre ellos, su hijo Enrique García Frómeta.