La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ejecuta un Programa de Prevención y Preparación ante Desastres   en la zona del Bajo Yuna, financiado por la Unión Europea a un costo de 6.6 millones de euros.

El plan, que procura  evitar que los habitantes de cinco provincias vuelvan a ser inundados  por el río Yuna, lo ejecuta y coordina la ONU a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El director de la Defensa Civil,  general retirado Luis Antonio Luna Paulino, expresó que con la realización de este trabajo, el  Bajo Yuna dejó de ser  la zona del país más inundable, extensa en geografía y amenazada.

Año medio tiene desarrollándose la intervención diseñada a tres años, con el auspicio de la Oficina del Ordenador Nacional para los Fondos Europeos de Desarrollo (ONFED).

Además de la Defensa Civil, la acción involucra otras instituciones del Estado, entre las que figuran las secretarias del Salud Pública, de Medio Ambiente y la Cruz Roja Dominicana.

Las oficinas que dirigen el proyecto por parte de la Unión Europea y el PNUD, con presencia en la Defensa Civil, indicaron ayer que en Bajo Yuna se persigue  reducir el riesgo a desastres.

La finalidad del trabajo de estos dos organismos es disminuir las  pérdidas humanas, sociales, económicas y los daños que padece el medio ambiente.

Unión Europea y PNUD buscan  fortalecer las instituciones del Estado, de manera que  puedan informar, preparar, prevenir y responder ante el riesgo a desastre de manera temprana y efectiva.

Una herramienta de trabajo en este plan consiste en  articular las comunidades más vulnerables a las acciones.

Objetivos principales

a) Información: Establecer un sistemas de información para prevenir, anticipar y responder adecuadamente ante los desastres.

b) Preparación: Mejorar la asistencia a las víctimas gracias a una respuesta descentralizada, más eficaz, oportuna y adecuada a las necesidades que tengan las comunidades.

c) Prevención: Reducir la vulnerabilidad del país a los desastres con medidas de prevención mediante el uso de recursos del Estado con un enfoque de riesgo y un mayor control de los incendios forestales.

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Beneficiados
Éste es  el  cuarto plan de prevención en Bajo Yuna. Las cinco provincias favorecidas con el programa son: María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Salcedo, San Francisco de Macorís y Samaná. Luna Paulino dijo que de lo que se trata es de fortalecer las redes comunitarias trabajadas hace un año por la Cruz Roja Dominicana. Expresó que la Defensa Civil ha continuado un nuevo proyecto para mejorar la vida de la gente en estas cinco provincias de la región norte, altamente vulnerable

Monto en pesos
Los  RD$ 338 millones que se invertirán en Bajo Yuna, de acuerdo a los organismos extranjeros, permitirá que más entidades del Estado dominicano se sumen al trabajo que persigue que el río Yuna no continúe ocasionando los acostumbrados estragos.

El programa se apoya en una metodología participativa para que las localidades lo asuman con un  sentido de pertinencia.

Los ejecutores del plan indican que la formación y capacitación comunitarias y de los equipos voluntarios ha sido trascendental para enfrentar riesgo y vulnerabilidad a desastres naturales como en el caso de las tormentas Noel y Olga. 

El programa además de trabajar con las instituciones del Estado competentes en prevenir, reducir, responder y mitigar desastres, también trabaja en la región nordeste por ser una de las zonas más vulnerables al riesgo de desastre. 

A la labor de la Defensa Civil se suman   el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), la Secretaría de Estado de Educación. También la Secretaría de Estado de Obras Públicas, la Dirección General de Migración, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) y la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El proyecto se sustenta a partir de lo que establece el reglamento de la  Ley 147-02 y articula  los comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR).