En Brasil acuerdan no revelar nombres implicados caso Odebrecht hasta junio

En Brasil acuerdan no revelar nombres implicados caso Odebrecht hasta junio

El Ministerio Público Federal de Brasil acordó no revelar hasta junio próximo los nombres de los funcionarios e intermediarios que recibieron los sobornos en distintos países para obtener obras de infraestructura a cargo de la empresa Odebrecht.
Así consta en un acuerdo dado a conocer ayer y publicado en los medios digitales perfil.com y Folha Internacional.
En la cláusula 19 del capítulo XIII del acuerdo, se establece que el Ministerio Público se compromete a mantener en silencio durante un plazo de seis meses lo referente a las prácticas ilícitas que implican directamente a agentes públicos extranjeros, incluso cuando haya habido mediación de algún intermediario, o grupo económico.
La publicación del Perfil.com afirma que los fiscales a cargo de la investigación del caso Lava Jato acordaron con Odebrecht que no utilizarán hasta junio las pruebas y testimonios aportados por 77 ejecutivos arrepentidos para dar tiempo a la compañía a regularizar su situación en las investigaciones judiciales que debe afrontar en otros países.
Prosigue que “el objetivo de retener las pruebas hasta junio es asegurar la protección de los colaboradores en otros países y permitir que Odebrecht pueda negociar la situación de sus funcionarios con los investigadores extranjeros.
Se recuerda que Odebrecht es investigada por pagar sobornos a funcionarios para obtener contratos en Argentina, Perú, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Colombia, Angola, Mozanbique, Guatemala, Ecuador y México.
Debe pagar más. En el caso de República Dominicana, la constructora se comprometió a devolver al Estado US$184 millones, equivalente al doble de lo pagado mediante sobornos, o sea, US$92 millones.
Al respecto, el presidente de la Alianza por la Democracia Max Puig, dijo que además de los US$184 millones la empresa está obligada a entregar al Estado los US$163 millones que confesó haber obtenido como ganancias ilícitas como resultado de los pagos ilegales. Esto significa que la empresa está obligada a transferir la suma de US$347 millones.
Puig cree que esta suma debe ser entregada, sin desmedro de otras reclamaciones, ya que las sobrevaluaciones realizadas por la constructora brasileña sobrepasan ampliamente las sumas reconocidas por esta empresa en su delación pactada con la justicia de Brasil, los Estados Unidos y Suiza.
El sociólogo y dirigente político enfatizó que deben realizarse auditorías técnicas y financieras de todas las obras construidas por Odebrecht en el país.
Avance. El abogado Francisco Álvarez consideró que es un primer paso positivo el pago de los US$184 millones porque así lo exige la Ley 488-06, pero tal como Puig indicó que deben ser US$347 millones.

“Eso constituye un enriquecimiento ilícito por parte de Odebrecht porque es producto de la corrupción, por lo que también debe devolver esos 163 millones al Estado; la Procuraduría y el Gobierno deben trabajar en esa dirección”, expresó Álvarez.
Instó además a las autoridades a dar a conocer los términos y condiciones del acuerdo de pago.
Nombres. Otro aspecto que Álvarez considera como el más importante es que, además del pago, Odebrecht informe quiénes son las personas que se prestaron para ser sobornadas.
Cree que eso es fundamental ya que no se hace nada con recuperar valores sin hacer que aquellos que fueron sobornados asuman las consecuencias de sus actos porque, de lo contrario, volverán a defraudar al Estado por valores más altos que los que pagarán ahora.
“Es más importante que Odebrecht colabore identificando quiénes fueron las personas sobornadas, quiénes fueron intermediarios y que se apliquen las consecuencias de ley para esas personas”, indicó.
Dijo que el Ministerio Público debe perseguir a esas personas y que sean castigados conforme a la ley que establece penas de tres a 10 años para ese delito.

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