Tomemos en nuestras manos cualquier periódico de cualquier día y examinemos los titulares de primera plana. A simple vista notamos que se nos está forzando a vivir en un mundo “bizarro”, donde todo es al revés de lo que debía ser. Pongamos como primer ejemplo de este país patas arriba la exhortación gubernamental a los políticos para que no incluyan a las Fuerzas Armadas como tema de campaña.

Grave error. Lo correcto y lo legal es que los políticos discutan a profundidad lo que acontece dentro de las instituciones que tratan de mantener el monopolio de la violencia estatal. A los verdaderos militares profesionales, empezando por el ministro Soto Jiménez, les conviene que se discuta ese tema. Esto así porque durante su gestión como Secretario de las Fuerzas Armadas se han logrado notables avances profesionales a pesar de la cualquierización que se ha intentado desde el Palacio Nacional. Y es que la reforma de las Fuerzas Armadas avanza en silencio, lenta y firme, aunque no a la velocidad que los profesionales militares quisieran. Grandes han sido los obstáculos levantados por la politiquería para evitar cualquier transformación que acabe con el relajo en las instituciones castrenses.

Lo que en realidad está predominando en esta campaña electoral es la vulneración impune de la legalidad por parte de los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas y algunos altos oficiales. Éstos se pasan todo el tiempo haciendo pronunciamientos reeleccionistas, violando así la Constitución y las leyes dominicanas. Los dirigentes políticos sí pueden hablar de las Fuerzas Armadas y deben hacerlo cuando lo consideren conveniente y necesario. Es a los militares a quienes la Constitución y las leyes les prohíben participar en actividades partidarias. Sin embargo, nuestro presidente Mejía se regodea y aplaude la ilegalidad al tiempo que, con sus antojadizas designaciones en los cuerpos armados, desarticula la cadena de mando y conspira contra el respeto a los oficiales superiores. Tanto oportunista disfrazado de guardia, que sólo busca satisfacer frustraciones y problemas mentales no resueltos, deshonra la carrera militar y denigra las instituciones castrenses.

Alguien decía que el anacrónico artículo 55 de la Constitución de la República le daba potestad al Presidente de la República para hacer esas designaciones y cuanto se le antojara dentro de la administración pública. Olvidaba aquel que cuando Hipólito Mejía asumió la primera magistratura del Estado se comprometió ante el pueblo dominicano y ante el Dios en que él dice creer que cumpliría y haría cumplir las leyes y la Constitución. Es ese juramento que Hipólito se comprometió a respetar lo que debe prevalecer por encima de sus deseos de tratar de lograr la impunidad eterna para sus asociados del momento y para él mismo. Es el compromiso con su Dios y con la Patria lo que debe prevalecer para que podamos convivir pacíficamente en esta tierra que nos vio nacer.

Pero el miedo es libre y la desesperación es mala consejera. Peor aún si el buen juicio no abunda. Lo que todos los dominicanos debemos tener claro es que la carrera militar termina en el rango de Coronel o Capitán de Navío. De ahí en adelante las estrellas de General que le pongan a cualquiera en las charreteras son por conveniencia política. Es el Presidente de la República el que ahora improvisa Generales en cantidades industriales. Sólo que, con ese proceder, deshace la estructura de mando de las instituciones castrenses. La reforma y la modernización de las Fuerzas Armadas continuarán avanzando a pesar del inmenso daño que les han hecho los reeleccionistas que buscan alcanzar la impunidad eterna. En un futuro muy próximo, al resto de los dominicanos nos tocará corregir esos graves entuertos. Sólo que, en vez de empezar desde cero, tendremos que empezar desde menos veintiséis, como si estuviéramos en 1978, cuando por primera vez se barrió con la politiquería de un grupo de militares que pensó que la corrupción y la impunidad serían eternas.