Hace apenas unas décadas, la economía de América Latina fue todo un éxito, al evidenciar una de sus mayores expansiones. El crecimiento de muchos países fue superior al 5% anual y lo grande fue que esto se logró, conjuntamente, con retrocesos en los niveles de inflación y con continuos superávits en los saldos de las cuentas corrientes externas.

Así, si bien pudo demostrarse que la región cuenta con técnicas y recursos para hacer posible el logro de obtener estabilidad con crecimiento, con todo, la opinión general es que aún todavía se necesita poner más empeño para estimular  el crecimiento. Al mismo tiempo, las economías latinoamericanas necesitan  eliminar o reducir ciertas distorsiones al despejar vulnerabilidades macroeconómicas claves como la elevada deuda pública o  reducir los niveles de gastos y hacerlos  eficientes.

Es cierto que las finanzas públicas se han afianzado las últimas décadas gracias al creciente caudal de ingresos, alimentados recientemente más que nada por la exportación de productos básicos. Aun así, la deuda pública equivale a más de 40% del Producto Interno Bruto (PIB) en muchas economías latinoamericanas. Por ende, una de las tareas más apremiantes en las finanzas públicas modernas será frenar el aumento del gasto de estos últimos años, el cual ha impedido recortes profundos de la deuda del Estado.

A la vez, América Latina arrastra una infraestructura de poca calidad y una desigualdad aguda del ingreso. Es claro que, para recortar gastos mientras modernizan la infraestructura y promueven los servicios que brindan a los pobres y al resto de la población, los gobiernos deberán mejorar la eficiencia y la equidad de sus desembolsos.

Tendencias recientes

El gasto público latinoamericano (descontados los pagos en concepto de intereses) viene subiendo desde mediados de la década pasada, pero no de manera continua. En las primeras fases de la expansión actual, sobre todo 2003–04, el aumento estuvo bien contenido, pero a partir de allí se reavivó en 11 de 17 países. El gasto real en promedio creció durante los últimos años, pero como porcentaje del PIB avanzó apenas 1%, ya que el PIB también creció con rapidez. Se ha notado que lo que impulsó estos cambios fue el gasto corriente.

El gasto de capital bajó en relación con el PIB y el gasto total, en tanto que el gasto social ocupa ahora más lugar en los presupuestos estatales, sobre todo en  salud y educación. De este modo, el gasto social en promedio experimenta un incremento importante del PIB, lo mismo que el gasto público primario. Pero a veces el aumento del gasto se ha extralimitado. Lo que nos ha llevado a recordar que las reformas son fundamentales para que el Estado pueda recortar el gasto y mantener sus servicios.

Ya sabemos que tradicionalmente en América Latina el gasto público es en gran medida ineficiente, lo cual quiere decir que aun estamos distantes de poder prestar servicios superiores sin gastar más. Se entiende que al mejorar la composición del gasto en categorías y programas surgiría una oportunidad para acelerar el crecimiento y, por tanto, reducir los niveles de pobreza. El gasto público tiende a subir durante las épocas de prosperidad y a contraerse drásticamente durante las desaceleraciones.

Según Akitoby (2006), alrededor de dos tercios de los países latinoamericanos exhiben una relación a corto plazo significativa entre las perturbaciones del producto y del gasto primario en términos reales, en la cual el movimiento entre ambas variables ha demostrado ser procíclico. El porcentaje de países con gasto procíclico es más elevado en América Latina que en el conjunto de los países en desarrollo. El asunto es que el alza de los últimos años subraya la dificultad de lograr que la evolución del gasto sea compatible con una situación fiscal sostenible a largo plazo. Si bien por ese motivo se justificaría implantar reglas fiscales que limitaran la expansión del gasto, habría que respaldarlas con un sistema eficaz de supervisión y sanciones que garantizara un buen funcionamiento.

En esencia, el gasto de capital ha sido el indicador más sensible a la situación macroeconómica de un país, ya que la región tiende a cortarlo radicalmente durante las recesiones. Se ha reducido mucho la inversión pública de la región, pero esa baja ha quedado compensada en parte por el aumento del gasto privado en infraestructura. Se ve como las ineficiencias del gasto en inversión pública están contribuyendo a las deficiencias de infraestructura. Por ello, que el probable aprovechamiento de ese gasto, medido como la relación entre la inversión pública y el avance de indicadores de infraestructura pueda mejorar, sobre todo adoptando prácticas óptimas para la selección, evaluación y seguimiento de proyectos. Es conveniente establecer presupuestos plurianuales  para la inversión pública y fortalecer la capacidad del personal.

Lo que hay que mejorar

El gasto promedio en remuneraciones del sector público ronda 7% del PIB, cerca del promedio de otras regiones. Sin embargo, la calidad de los servicios públicos es inferior a la de muchas otras regiones que están creciendo rápidamente y no mejora desde fines de la década de 1990. Según un estudio reciente (Echebarría y Cortázar, 2006), en más de la mitad de los países de la región la función pública no está preparada para atraer personal idóneo y garantizar que su desempeño sea satisfactorio.

Al igual que en el sector público de muchos países, en la última década no ha habido correlación entre el aumento de las remuneraciones y la mejora de la calidad de los servicios, que indica que se podría obtener un aprovechamiento mejor de las remuneraciones y que probablemente no baste incrementarlas para lograr mejores servicios. La reforma debería centrarse en realizar el valor del mérito en las burocracias y en corregir las debilidades más graves de las administraciones de la región (amiguismo en la contratación y los ascensos, ausencia de evaluaciones del rendimiento profesional, y desigualdades).

El gasto en atención de la salud, educación, protección social y vivienda es sustancial, alrededor de 13% del PIB (más o menos la mitad del gasto público no financiero), pero no ha dado resultados uniformes desde el punto de vista de los indicadores sociales. Los indicadores de logro educativo y salud coinciden aproximadamente con el nivel de desarrollo de la región, y algunos (tasas de matriculación escolar, acceso a agua potable y vacunación) mejoraron durante la década pasada. Pero en cuanto al capital humano, América Latina está  rezagada respecto de los países industriales y de las regiones más dinámicas. La calidad de la educación también es deficiente.

En general, es posible que el elevado porcentaje del gasto educativo que está destinado a los salarios (y no a insumos no salariales como los materiales didácticos) sea un factor contribuyente, junto a la falta de buenos incentivos de desempeño.

El gasto social ha tenido un efecto limitado a la hora de reducir la pobreza y cerrar la amplia brecha que separa a los ricos de los pobres. En promedio, los pobres reciben un porcentaje  pequeño de los beneficios del gasto social, aunque ese porcentaje varía mucho según el programa. Gran parte del gasto en enseñanza superior y protección social termina en manos de los grupos de más ingresos, en tanto que la enseñanza primaria y la asistencia social benefician mayormente a los pobres. Es por ello que la experiencia reciente de la región ofrece valiosas lecciones para dotar al gasto de una orientación más favorable a los pobres: seguir adelante con la reforma de las pensiones públicas para lograr un sistema menos generoso con una base más sólida; aumentar los cargos que abonan los usuarios de la educación superior, pero con subvenciones para las familias de bajo ingreso.

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Hoja de ruta para la reforma

Una iniciativa exitosa y alentadora son los programas de transferencia condicional de dinero en efectivo, que han demostrado su eficacia para encauzar recursos a los pobres y aliviar la pobreza. Pero es determinante que para lograr obtener mayores niveles de eficiencia en el gasto público los gobiernos deben reducir la tendencia del gasto a dispararse durante las épocas de prosperidad y desmoronarse durante las desaceleraciones. Esto quizás puede hacerse a través de reglas fiscales eficaces que ayuden a frenarlo cuando la economía se expande. Asimismo, deberían plantearse la posibilidad de incrementar el gasto asignado a la inversión pública y perfeccionar la capacidad de evaluación y administración de los proyectos de inversión. También sería útil establecer un sistema de contratación y remuneración por mérito.

La cifra

7.44%  es la tasa de crecimiento  promedio del gasto público en términos reales (sin la inflación) en la República Dominicana entre 1988 y 2008. Sin embargo, en ese lapso, el PIB real ha crecido a una tasa promedio de 4.91%.