MANUEL QUIROZ 
Como era de esperar por el amplio preámbulo de comentarios, expectativas y especulaciones en torno a la manera en que el presidente Danilo Medina asumiría la posición oficial del Gobierno en torno al caso de la Odebrecht, su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional ha sido objeto de distintos enfoques e interpretaciones.
En lugar de la defensa pura y simple ante los reclamos de cese de la corrupción y de la impunidad, de explicaciones elusivas o intentos de exculpación que algunos vaticinaban, el gobernante sorprendió al asumir una postura y un tono a la ofensiva al afirmar que poderosos intereses económicos estarían detrás de la oposición a las plantas a carbón de Punta Catalina, el proyecto en el cual el Gobierno ha puesto mayor decisión y empeño, aun en medio de los actuales cuestionamientos a todas las obras donde participa la transnacional constructora brasileña.
En la parte inicial de su alocución, Medina utilizó la técnica de marketing de comunicación y atractivo editorial que utilizan los medios televisivos en sus emisiones informativas para mantener la audiencia cautiva, dando alguna pincelada o avance de lo que sería su exposición en torno al caso Odebrecht en la parte final, donde se presentó como el primer abanderado de la lucha contra la corrupción, en coincidencia con los sectores que han enarbolado el repudio a la impunidad.
En ese sentido dijo estar consciente de que existe un clamor popular por conocer en profundidad la verdad de lo sucedido y por castigar a los culpables, además de la posición del Gobierno en un asunto en el que reconoce “que ha levantado la justa indignación de tanta gente”.
En cuanto a Punta Catalina, uno de sus principales argumentos es que su puesta en marcha supondrá un ahorro para el Estado dominicano de US$441 millones al año, en lugar de la situación con el actual parque energético, que entre 2004 y 2016 obligó al Estado a gastar en transferencias al sector 11,406 millones de dólares equivalentes a más de 536 mil millones de pesos dominicanos.
Con enfáticas expresiones de que no habrá vacas sagradas en las pesquisas del Ministerio Público y de la Justicia sobre los sobornos para obtener la adjudicación de obras del Estado, caiga quien caiga, y de que la Procuraduría tiene absoluta libertad para actuar con total independencia, el Presidente ha comprometido su palabra ante el país, dando garantías de que no habrá obstrucción de parte del Ejecutivo.
Vistas son serenidad y pensando en el interés general, estas palabras resultaron alentadoras, toda vez que el reclamo de adecentamiento de la vida pública es un sentimiento que ha tomado mucha fuerza y conciencia en la sociedad dominicana. Pero el Presidente debe estar consciente que ha asumido un serio reto porque la ciudadanía y la opinión pública le darán seguimiento para ver si su declaración es refrendada con acciones claras y concretas.
Al parecer previendo las dudas y escepticismo que sus palabras podrían suscitar, como de hecho ocurrió a posteriori en ciertas esferas por el influjo de la sicología popular, aunque algunos sectores como el empresarial las asumió con gran valoración y en un esfuerzo de adelantarse a esas reacciones con el objeto de despejarlas, Medina dejó taxativamente establecido que su intención no era convencer con retórica, sino con actuaciones concretas.
Es de esperar que tras el apoyo decidido a la Procuraduría para que actúe con amplitud y sin exclusiones selectivas, el Ministerio Público pueda ahondar sus pesquisas, mientras la ciudadanía dará seguimiento a la afirmación de que “los sobornados tienen sus días contados” y de que el país conocerá en mayo la totalidad de la información confesada o descubierta en el caso Odebrecht para ver si en realidad rodarán cabezas.
