La Corte Constitucional de Colombia respaldó la destitución e inhabilidad por 18 años impuesta a la exsenadora Piedad Córdoba por haberse extralimitado en su contacto con las FARC, cuando fue autorizada para participar en el proceso de liberación de un grupo de secuestrados.

Para su destitución, el Ministerio Público basó sus acusaciones en información obtenida de la computadora de Raúl Reyes, uno de los principales comandantes de las FARC, abatido en 2008, para demostrar que Córdoba cometió esta falta disciplinaria.

Los magistrados de la corte (en una decisión de 7 a 2) negaron la tutela interpuesta por la defensa de Córdoba, que argumentaba que la Procuraduría realizó su valoración sobre pruebas legalmente inexistentes y violó los derechos fundamentales de la exsenadora.

La defensa de Córdoba dijo que apelará la decisión ante un tribunal internacional.