Todo gremio, colegio o sindicato agrupa a un conjunto de personas con una misma identidad y comunión de ideas que persiguen propósitos y fines comunes particularmente reflejados en mayor protección y defensa de su membresía. El Colegio Dominicano de Notarios no es una excepción. Integrado por abogados que han sido designados, nombrados y juramentados como notarios por la Suprema Corte de Justicia para darle autenticidad y credibilidad absoluta a los actos que interviene, gozan sus miembros de fe pública y quien quiera impugnar su actuación, deberá inscribirse en falsedad, procedimiento engorroso, difícil de digerir.

En consecuencia se supone al abogado-notario, cierta nombradía y dotes de moralidad, idoneidad y respetabilidad incuestionables y con mayor razón a sus dirigentes que ostentan la representación de la institución. Así ha sido y debe ser; pero los tiempos han cambiado – y mucho- y muchas de esas instituciones han caído en el populismo y descrédito promoviendo sus dirigentes sus aspiraciones y ambiciones personales en su militancia política partidista más que en el sentido gremialista, sus valores y principios, desbordando los límites racionales de su capacidad y competencia.

Viene al grano un episodio anecdótico vivido, que deslinda ambos campos. Acontecía la campaña para la elección de un nuevo Consejo Directiva de ADOMA. Un grupo promocionaba su plancha enarbolando el apoyo del Profesor Juan Bosch, líder de partido blanco. Extrañados los dirigentes contrarios se propusieron visitar a Don Juan y conocer su opinión. Luego de escucharnos, su respuesta fue la esperada. “Yo desautorizo a cualquiera que utilice mi nombre o el nombre de mi partido. Los gremios son independientes.

Que sean los abogados que elijan a sus dirigentes. Ellos son los que mejor los conocen y son los únicos responsables de su elección”.

La reciente pretensión de la actual directiva del Colegio de Notarios de imponer a su membresía mediante un reglamento interno carente de validez, no sancionado por ninguna asamblea, un conjunto de condiciones no previstas en la Ley del Notariado ni en ley alguna que restringe y atenta contra el libre ejercicio de la profesión, ha recibido unánime rechazo, por la forma y el trasfondo que vulnera su legitimidad institucional y denuncia la intención y sus motivos.

Se pretende con ese proyecto darle mayor fiabilidad y seguridad a los actos notariales, auténticos y privados, mas sin poder ocultar el verdadero objetivo y propósito perseguido condenado por la Constitución y las leyes: monopolizar un negocio, donde el nuevo papel notarial ha de ser impreso, adquirido y distribuido en el Colegio para aumentar su fuente de ingresos y obtener pingües beneficios olvidando su carácter de entidad gremialista, de servicio no lucrativo.

Informado de la existencia del reglamento, luego de su lectura, quise cumplir con mi deber de ciudadano y notario de vieja data, decidí intentando una acción judicial contra semejante despropósito.

Pero la oficina de mi cara amiga, Dra. Fabiola Medina, se me adelantó. Y ante tan enjundioso y magistral escrito, no hay otra cosa que hacer que suscribirlo solidariamente y suplicar al Tribunal Constitucional, en nombre del derecho, la verdad y la justicia, que acoja sin reserva la justa petición de rechazo.