RHINA IMBERT
Los dominicanos y dominicanas dimos seguimiento estrecho a la interpelación hecha por el Congreso Nacional al secretario de Estado de Medio Ambiente, doctor Max Puig.

Creemos que la sociedad dominicana y el movimiento ambiental salieron gananciosos del proceso que inició Max Puig y de la actitud que en todo momento mostró este funcionario.

Las áreas protegidas son patrimonio de todos los dominicanos y debemos salvaguardarlas por encima de cualquier interés particular, por lo que los mecanismos de conservación y preservación han de discutirse a plena luz del día y con transparencia, con la participación de todos los sectores interesados de la sociedad.

Estamos convencidos de que la única forma de modificar la Ley Sectorial de Areas Protegidas para superar las deficiencias, la mayoría de las cuales fueron introducidas desde sus inicios, es hacerlo de manera pública, abierta.

Max Puig ha representado dignamente a la sociedad dominicana en la defensa de las áreas protegidas, favoreciendo el desarrollo sostenible, actuando con la responsabilidad y la honestidad que le caracteriza, en apego a sus principios morales y éticos, frustrando cualquier intento de modificar en provecho particular la Ley de Areas Protegidas.

El presente es un antecedente que no podemos olvidar.