En defensa de las empresas nacionales

Uno de los objetivos que debe fijarse el Gobierno, ante los efectos que apenas sentimos de la crisis financiera internacional, pero que hará estragos en su momento, es preparar un plan en defensa de las empresas nacionales. Ese apoyo debería extenderse al campo financiero, pero por el desplome fiscal derivado de la pasada campaña electoral, eso resulta prácticamente imposible.

Muchas de nuestras empresas están cerrando y otras entrando en un terreno pantanoso por su baja rentabilidad, falta de liquidez, deudas gubernamentales, crédito caro y restrictivo y, fundamentalmente, por la caída de la demanda.

Además, muchas sufren problemas de competitividad por la sobrevaluación del peso, que las obligan a cerrar sus operaciones, como han hecho algunas de gran tamaño en días recientes.

Son las empresas que generan gran parte del empleo formal, producen el grueso de los bienes de consumo y exportables o son pilares del sector servicio, que generan divisas.

El plan puede incluir varias medidas importantes, algunas de carácter coyuntural hasta que la crisis se supere.

La primera es una devaluación gradual del peso, eliminando las intervenciones oficiales en el mercado, que sería más que oportuna en este momento de bajos precios del petróleo. Esto elevaría nuestra competitividad y encarecería los bienes importados, que han elevado abruptamente el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Para amortiguar el peso de la deuda por esta devaluación, que a su vez impactaría en una reducción de las tasas de interés que compensaría el aumento cambiario, el Gobierno puede negociar un nuevo acuerdo FMI, que incluya una fuerte asistencia financiera aprovechando la coyuntura existente. Otra alternativa es una exención fiscal parcial, combinada con un crédito fiscal a pagar en tres o cuatro años, si se comprueba que son empresas que necesitan liquidez que no pueden obtener en el sistema financiero formal.

Una medida importante es que el Gobierno priorice el pago de sus deudas con el sector privado, incluyendo subsidios prometidos que no han sido honrados. Muchas empresas quiebran por las deudas incobrables del sector público.

Todo es cuestión de ganar tiempo con una asistencia temporal a las empresas, algo que están haciendo las catedrales del neoliberalismo en todo el mundo, donde se le inyecta fondos públicos a sus industrias estratégicas.

No obstante, este plan implica un cambio radical del pensamiento económico que predomina en la esfera gubernamental, donde el objetivo político lo domina todo. Y lo primero que hay que entender es que resulta mejor asegurar un empleo productivo en una empresa privada que uno improductivo en el sector público. Lo mismo aplica para el conjunto de gastos superfluos en publicidad y toda clase de excentricidades. Por ello es urgente la reducción y reorientación del gasto para que este plan funcione.

En fin, estas  otras medidas que el Gobierno debe implementar, podrían salvaguardar nuestro sector empresarial en estos momentos de gran incertidumbre. Es lo que nos queda para no convertir al país en una gran empresa pública.