En los últimos días, los ciudadanos que han adquirido apartamentos en torres, especialmente aquellas que han construido empresas extranjeras, están muy preocupados después de conocerse el caso de la torre Atiemar, la cual fue construida por un consorcio español, cuyo principal accionista ha sido apresado en España, acusado de recibir un embarque en  el puerto de Valencia conteniendo 1,200 kilos de cocaína procedente de la República Dominicana.  Por supuesto, el alijo fue detectado por las autoridades españolas al ser verificado un contenedor con doble fondo en donde estaba escondida la droga.

El gran problema se ha suscitado cuando la Fiscalía del Distrito Nacional, por orden de la Procuraduría General de la República  ha incautado la torre Atiemar y según informa, se procederá a depurar los adquirientes para determinar si de alguna manera están ligados directa o indirectamente con los propietarios, quienes actualmente guardan prisión en cárceles españolas. El asunto es sumamente complicado, dado que al ser apartamentos de gran lujo –se dice que el precio oscila entre 1.3 y 2.5 millones de dólares-  los adquirientes tendrán que demostrar la procedencia de los recursos con los cuales  adquirieron los pisos en cuestión.

En nuestro país, existen  varias leyes que defienden los derechos de los adquirientes de buena fe.  En el caso que nos ocupa, los compradores tenían un buen indicio para no tener sospechas para realizar la compra, dado que el primer picazo para la erección de dicha torre fue dado por el doctor Leonel Fernández, Presidente de la República.   Con esta acción, el señor Presidente fue víctima de sus propios organismos de seguridad,  que no detectaron el origen de la fortuna del señor Arturo Del Tiempo Marqués, quien según los que le conocieron, era una persona afable, de buenas costumbres y muy amistosa, por lo que el descubrimiento del contrabando de drogas ha dejado sorprendido, no sólo a todos los que le conocieron, sino a los funcionarios del Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas), entidad que realizó el préstamo para la construcción de dicha torre. El Banreservas tampoco es culpable de lo sucedido, ya que los constructores/ propietarios habían presentado suficiente aval para honrar los compromisos de pago por la suma prestada y mantenían al día las obligaciones contraídas.

Es una verdad de perogrullo, que nuestro país necesita la inversión extranjera, pero la misma debe ser sana y no procedente del lavado de dinero.

Por eso, las autoridades deben ser muy cautas y sobre todo, profundizar en la investigación hasta llegar al convencimiento de que el o los inversionista(s) en cuestión, son personas inobjetables.  El país tiene un gran déficit habitacional, por lo tanto debemos saludar cualquier tipo de inversión que se realice para paliar este desbalance en viviendas.  A fin de que la inversión extranjera siga fluyendo, las autoridades gubernamentales no deben iniciar una cacería de brujas que el único resultado será ahuyentar a los posibles inversionistas, sentar la desconfianza en los adquirientes  y de paso matar la gallina de oro.  No debemos tampoco olvidar, que otros países del área están al acecho para atraparla.