El 19 de noviembre se cumplieron 100 años del asesinato de Ramón Cáceres, presidente dominicano que encabezó por cinco años (1906-1911) un gobierno democrático y estable.

Se puede afirmar que si Cáceres no hubiese sido asesinado, es muy posible que nos hubiésemos ahorrado los 30 oprobiosos años de la dictadura de Trujillo, que tanto daño hicieron al alma dominicana y que impidieron durante mucho tiempo el desarrollo de una cultura política democrática y liberal en nuestro país.

Contrario a Trujillo, a quien se analiza tomando en cuenta las circunstancias en las que vivió y desarrolló su liderazgo político, a Cáceres se le juzga con los lentes prejuiciados de la actualidad. Se critica el apoyo de Cáceres a la Convención Domínico-Americana de 1907 que cedió temporalmente la administración de las aduanas a los Estados Unidos y que dio derecho a aquel país a intervenir en la política dominicana cuando el cobro de la deuda externa estuviese en peligro.

Sin embargo, se olvida que dicha Convención fue la mejor solución financiera para la cuestión de la deuda y que en el Caribe de principios del siglo XX a nuestro gobierno no le quedaba otra salida honrosa que aceptar la injerencia estadounidense. Fruto de la Convención, mejoró la contabilidad aduanera, se paró la corrupción administrativa, disminuyó el clientelismo en las aduanas y aumentaron notablemente los ingresos del Estado.

El incremento de los ingresos públicos logrados por el manejo escrupuloso de las aduanas, así como por el aumento de las exportaciones de café, cacao y tabaco, obtenido gracias a una política de fomento agrícola sostenido que incluyó la creación de una Dirección General de Agricultura, así como la promulgación de una ley de incentivo a las inversiones en el campo y de una ley de partición de los terrenos comuneros, permitieron a Cáceres recuperar para el Estado dominicano una serie de concesiones de servicios públicos que habían pasado a extranjeros durante la dictadura de Lilís.

Con dichos ingresos y a través de la creación de una Dirección General de Obras Públicas, inició Cáceres además la construcción de dos carreteras para comunicar a Santo Domingo con el Sur y con el Cibao, así como la construcción de un nuevo ramal de Moca a Santiago del ferrocarril que unía a Santiago y Puerto Plata. Construyó Cáceres más de 300 escuelas en todo el país, incluyendo la zona rural, siempre desatendida por los gobiernos. Mejoró, además, los puertos y muelles, instaló faros en las costas y nuevas líneas telegráficas y se ocupó de las condiciones sanitarias en la principales ciudades del país.

Pero lo que distingue a Cáceres del resto de los gobernantes dominicanos de la época fue su preocupación por la construcción de una sólida infraestructura institucional. La Constitución de 1908 prohijada por el gobernante consagró las garantías del debido proceso. Aunque la misma reforzó los poderes presidenciales, al eliminar las funciones político-militares de los gobernadores y el Consejo de Secretarios de Estado, lo cierto es que solo así podía combatirse el caudillismo regional que mantenía en zozobra al país.

Fue esa preocupación institucional, la que condujo a Cáceres a profesionalizar el Ejército, mediante medidas pragmáticas que incluían el retiro de militares politizados, el traslado a regiones donde no tenían peso político de aquellos que no podía retirar del servicio activo y la política de pacificación que tantos enemigos le granjeó en una Línea Noroeste donde la ley solo podía imponerse como en el Viejo Oeste norteamericano.

Fue Cáceres un político carismático que, sin embargo, no se dejó llevar de las alabanzas de sus partidarios. Con maestría política, supo delegar en sus ministros y asesores. No vivió de sus méritos de héroe nacional ganados por su participación valiente en el ajusticiamiento de Ulises Hereaux ni permitió el uso del patrimonio del Estado por parte de sus familiares y allegados. Respetó las libertades públicas y fue consciente de la transitoriedad de su mandato.

Su política le granjeó enemigos y murió de manos de resentidos. Su principal pecado fue, sin embargo, haber permanecido en el poder durante cinco años, sin caer en la tentación autoritaria y demostrando que el pragmatismo político puede ser usado en provecho de los gobernados.