POR APOLINAR VELOZ
En mayo del año en curso regresé de Guinea Ecuatorial, África sub-sahariana, donde trabajé por espacio de un año como asesor macro fiscal, con asiento en el Ministerio de Hacienda, contratado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de un programa de asistencia especial.

El objetivo central de mi trabajo consistió en la elaboración de un modelo macro fiscal que sirviera para diseñar una política fiscal sostenible en el mediano y largo plazos, que asegurara la equidad intergeneracional de la presente y futuras generaciones, habida cuenta que el 80% de su economía depende de la explotación de un recurso natural no renovable: Petróleo.

Este objetivo se cumplió exitosamente, a pesar de los innumerables obstáculos que enfrenté al inicio del programa de asistencia, incluyendo uno, que llamó poderosamente mi atención, porque involucraba a dos funcionarios del gobierno dominicano: el representante dominicano ante el FMI (nominado por el presidente de la República y supervisado por el Banco Central -BC) y al ministro de hacienda. Estos hicieron una pústula petición a ciertos oficiales del FMI, en un restaurante oriental en la ciudad de Washington DC, para que intercedieran en la cancelación de mi designación en el Departamento de Africano, pensando quizás que la debilidad de las instituciones dominicanas era transferible a otros países, mediante el arte de la diatriba, y de esa manera manejar a su antojo las decisiones del personal contratado en los organismos internacionales.

No obstante, continué trabajando para lograr los objetivos propuestos. Tal y como se estableció en los Términos de Referencia, construí un modelo macro fiscal que fue aceptado, luego de varias sesiones de discusión con los oficiales del gobierno ecuatoguineano, contribuyendo a orientar la elaboración de la política fiscal de ese país.

 En este sentido, el ministro de hacienda de Guinea Ecuatorial pronunció un discurso en el marco de la inauguración del Seminario de presentación del Plan Nacional de Desarrollo y Lucha contra la Pobreza, en el que caracterizó la política fiscal del gobierno fundamentándose en los cálculos y propuestas de políticas contenidas en dicho modelo macro fiscal y acogiendo al mismo tiempo los indicadores de desempeño  propuestos en ese mismo trabajo.

La Delegación de la Misión del Artículo IV del FMI fue invitada a participar en aquel evento, quedando gratamente satisfecha por la incorporación al discurso oficial de los resultados del trabajo de su consultor,  a tal grado que la jefa de la misión en su comentario al discurso del ministro de hacienda, sólo se limitó a enfatizar algunos aspectos del mismo y a reiterar su coincidencia con la posición gubernamental.

Al tiempo que estos eventos tenían lugar, algunos funcionarios del Gobierno Dominicano insistían en la cancelación de mi contrato con el FMI. Según supe, el secretario de economía afirmó, frente a la descabellada petición de esos funcionarios dominicanos, que su solicitud  no correspondía a la posición oficial del Gobierno Dominicano. Entendí entonces que se trataba de una actitud personal. 

Talvez esa posición tiene que ver con mi desempeño al frente de la gerencia del BC, que desafía la integridad y honestidad de muchos servidores públicos. No sé si el actual consultor jurídico del BC aún continúa hurgando en todos los documentos que firmé durante mi gestión, para verificar si incurrí en alguna práctica deshonesta o si violé alguna ley.   

Esa actitud procelosa en mi contra tiene que ver, probablemente, con el hecho de que no retorcí la Ley Monetaria y Financiera para favorecer ni perjudicar a ninguna entidad financiera, como ocurrió durante casi todas las quiebras bancarias ocurridas en el país. Tampoco permití que los adelantos de liquidez del Banco Central se registrasen como depósitos, por ejemplo en el caso Baninter, cuando la falta de liquidez asfixiaba a esta entidad financiera; ni mucho menos recibí cartera (como colateral) de bancos con dificultades de liquidez, por un valor inferior a lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera 183-02, para respaldar los adelantos del BC. No autoricé el préstamo de RD$1,000 millones -del Fondo de Pensiones de los empleados del Banco Central- a un banco que había experimentado sustanciales pérdidas de capital  y sin la aprobación de su Consejo de Administración. Tampoco devolví multas a los bancos comerciales, por más de RD$200 millones, colocadas por violación a las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera. En cambio, los responsables de estas acciones son actualmente altos funcionarios del BC que no figuraron como co-acusados en ninguno de los casos de los bancos quebrados. De aquí la debilidad de la regulación y supervisión bancarias.

Esos mismos funcionarios escondieron deliberadamente (2001-Marzo, 2003) la realidad de la banca dominicana, con el favor de economistas prominentes, miembros a la sazón de la Junta Monetaria, situación retratada detalladamente en informes de consultores y de organismos internacionales. El FMI y el Banco Mundial (BM) en el marco del Programa de Evaluación del Sistema Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés), prepararon un informe sobre la situación del sector financiero dominicano en el 2001, que confirmaba los hallazgos presentados al BC a finales de la década de los noventa por Aristóbulo de Juan. Ambos informes establecían meridianamente las debilidades de la banca dominicana y advertían claramente sus peligros. De donde se deduce la debilidad de la regulación que ejercía el BC, como también la escasa o ninguna supervisión de la Superintendencia de Bancos (SIB). 

La gobernación de entonces, gastó cuantiosos recursos para responder  y desconocer las afirmaciones de los consultores y organismos internacionales sobre la descapitalización del sistema bancario dominicano y el incumplimiento de esenciales normas bancarias. Los fraudes bancarios pusieron de manifiesto el tradicional y cuestionable desempeño de la administración financiera, constituyendo el mejor ejemplo que justifican las conclusiones de tales informes financieros. En efecto, la regulación y supervisión adecuadas del sistema financiero dominicano, por parte del BC y la Superintendencia de Bancos, brillaron por su ausencia por largos años.

Peor aún, estos documentos de trabajo fueron deliberadamente escondidos y  prohibida su circulación en el BC. Sin embargo, estos funcionarios no fueron juzgados conjuntamente con el resto de los implicados en los fraudes bancarios y, hoy, continúan “velando” por la seguridad del sistema financiero local.

Los responsables de estas acciones, violatorias de la Ley Monetaria y Financiera, no fueron objeto de persecución ni del Banco Central ni de la justicia dominicana. Resulta ejemplarizador, para el ambiente de negocios dominicano, que el señor Báez Figueroa  esté sentado en el banquillo de los acusados, pero resultaría mejor aún que estuviera acompañado de sus asesores (anteriores y actuales funcionarios) del BC.

Por otra parte, puedo afirmar que durante mi gestión en la gerencia del BC no ordené ni permití la falsificación de ninguna cifra relativa a la economía, ni contraté a fundaciones para defender mentiras económicas, tampoco estimulé ni me beneficié de obras de construcción financieramente cuestionadas. No estimulé la compra millonaria de equipos electrónicos violando los principales requisitos del Reglamento de Compras del BC.     

Sin embargo, algunos funcionarios de este gobierno me persiguen, sin escatimar esfuerzos y recursos del gobierno, violando el derecho que tengo como ser humano a trabajar, tanto en el país como en el exterior. Resulta inaudito que percibiendo tan elevados salarios se dediquen a perseguir a quienes disienten de sus políticas, haciendo gala de la práctica más anti-democrática propia de una megalomanía sorda, ambientada con ditirambos de los acólitos de turno.

Al pueblo dominicano lo que le interesa es saber a cuánto asciende la deuda pública del país, tanto interna como externa; que se muestre públicamente que el ritmo actual del gasto público resulta sostenible en el mediano y largo plazos, que la política fiscal tenga equidad para las generaciones presentes y futuras;  que se publique el programa de pagos del servicio de la deuda pública externa a los organismos multilaterales, bilaterales y al sector privado internacional; que se definan públicamente los aspectos esenciales de la política fiscal (no sólo aumentar impuestos y que se cobran exitosamente); resulta útil conocer a cuánto asciende la recompra de certificados del BC para saber cuánto le cuesta a la población la cacareada “estabilidad” cambiaria. La gente quiere saber quién es responsable de hacer cumplir la Ley de Austeridad aprobada por la presente administración, que se vele por la transparencia en los pagos de deuda pública interna. En fin, que nuestros funcionarios se ocupen por las actividades que benefician a los dominicanos y que respondan adecuadamente a los jugosísimos sueldos que devengan y que resultan ser una burla a la pobreza dominicana.

Espero que continúen los ataques, el ejemplo de mi trabajo, mi pluma y mi coraje estarán listos para mi defensa. Perseguiré convertir este ignominioso y cobarde comportamiento humano, que adorna a ciertos funcionarios de la presente administración, en instrumento de su propia derrota moral frente a la población dominicana.