Siete agrimensores expresaron su desacuerdo con la propuesta de que el Poder Ejecutivo asuma el control de la jurisdicción inmobiliaria, planteada por el presidente de la Asociación Dominicana de Agrimensores (Asodagrim), por considerarla extemporánea y fuera de toda lógica.

Creen que el proceso histórico durante más de un siglo de la “judialización” de los procesos registrales no pueden ser ignorados al momento de abordar la problemática del sistema de registro del derecho de propiedad en el país.

El desacuerdo fue expresado por Jorge Quezada, fundador de Asodagrim; Juan Manuel Sosa, expresidente del gremio; Simeón Familia, ex director de Mensuras Catastrales; Pamela María Sosa Domínguez, Ángel Espinal, Norberto Beltré Fiallo, miembros, e inocencio Velgal Martínez, expresidente de Asodagrim, regional Baní.

Creen que los problemas de la jurisdicción inmobiliaria son por deficiencias de gerencia de la Suprema Corte de Justicia y que se resuelven con solo cambiar de gerente.

Señalan que el presidente de Asodagrim, agrimensor Miguel Valoy, alega que en otros países la administración del derecho de propiedad está bajo la gerencia del Poder Ejecutivo, pero cuál ha sido la historia de conformación del sistema de tenencia de la propiedad privada en esos países.

La propuesta del presidente de Asodagrim lejos de contribuir con el fortalecimiento del orden jurídico establecido en el país para solucionar la grave situación por la que atraviesa la jurisdicción inmobiliaria, la acrecentaría trayendo la incertidumbre en los procesos del registro de la propiedad inmobiliaria.

La real solución de la problemática de la jurisdicción inmobiliaria está en las manos del Estado Dominicano, el cual debe propiciar un cambio estructural en el registro de la propiedad inmobiliaria acorde con el avance experimentado por el país en el orden político, económico y social, plantean los agrimensores.