Luz Sanny Del Rosario Figuereo 
A propósito del Día de la Libertad de Expresión, el presidente de la Fundación Prensa y Derecho, mostró su preocupación por lo que definió como una “tendencia riesgosa de sectores” que demandan periodistas y ciudadanos por tipos penales agravados que criminalizan los delitos contra el honor.
El presidente de la fundación, el abogado, Namphi Rodríguez afirmó que dentro de esos “tipos penales agravados” están los crímenes contemplados en las leyes de Delito Electrónico, Monetaria y Financiera y en la 24.97, que modifica varios artículos del Código Penal.
Señaló que la criminalización del delito de prensa cuando se produce por Internet o cuando afecta a bancos es una tendencia que ya ha sido estudiada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ha sido calificada como censura contra la libertad de expresión”.
“Estamos ante una clara tendencia de persecución de la libertad de expresión, puesto que se busca tumbar las garantía de no prisión preventiva que asegura la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, para acudir a tipos penales agravados que criminalizan los delitos contra el honor y que disponen prisión preventiva”, subrayó.
Rodríguez, realizó un llamado a los jueces para que declaren inadmisibles ese tipo de querellas temerarias por improcedentes y falta de fundamento normativo, puesto que lo que se busca es inhibir a la opinión pública para que no emita críticas.
También citó como ejemplo, una querella que cursa en la Segunda Sala del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional del Banco Nacional de las Exportaciones (Bandex) contra Humberto Salazar, a quien se le imputa la violación del artículo 80 de la Ley Monetaria y Financiera por criticar la gestión de Federico Antún Batlle al frente del desaparecido Banco Nacional de la Vivienda (BNV).
Advirtió que esa práctica contraviene la sentencia del Tribunal Constitucional que declara incompatible con la Constitución las penas privativas de libertad cuando los delitos de difamación o injuria afectan a funcionarios públicos.
“Se percibe una resistencia de esos sectores a la crítica y al escrutinio público y lo que han hecho es acudir a la criminalización de sus demandas, lo cual afecta sensiblemente la libertad de expresión”, afirmó el jurista.
Subrayó que si esa tendencia continúa, se afectará el clima de libertad de expresión y la calificación internacional del desempeño de la libertad de prensa en el país.
