La protesta de un grupo haitianos exigiendo la nacionalidad dominicana y al son de su ritmo, el ga-ga, justo en el Altar de la Patria, representó una provocación, un irrespeto a nuestros símbolos patrios y a los Padres Fundadores; retrata la irresponsabilidad del Alcalde del Distrito y de Patrimonio Cultural al otorgar el permiso; pero también representa una renovación de las presiones contra el país y una muestra de los conflictos sociales que se van a producir en el futuro si no se detiene esa inmigración masiva.
Ninguna nación del mundo se puede dar el lujo de permitir el paso por sus fronteras una inmigración descontrolada que pueda alterar la idiosincrasia, la cultura, costumbres, religión, mercado laboral y la estabilidad económica.
No es accidental las políticas migratorias en la era de Donald Trump, la Unión Europea también está sellando sus fronteras y en la actualidad existen o están en construcción 63 muros fronterizos, justamente para esos países protegerse de esa inmigración masiva.
No se trata de xenofobia o racismo, es que toda nación tiene el derecho defender su territorio, su cultura, su identidad y aplicar sus leyes migratorias a los extranjeros. A la única nación, que ciertos grupos mediáticos, Ong y poderes foráneos, pretenden arrebatarle ese derecho es a la República Dominicana.
Ningún país ha hecho tanto por Haití como la RD, pueden entrar y quedarse ilegalmente, las parturientas son tratadas mejor que las dominicanas, los niños sin documentos asisten a nuestras escuelas, no hay redadas, no hay discriminación, un absoluto respeto de sus derechos humanos y en los momentos de catástrofes, como el terremoto, hemos sido la nación más solidaria a pesar de nuestras limitaciones.
El sector mediático pro haitiano, bocinas de las Ong y de poderes foráneos, manosean el tema de la apatridia, lo cual constituye una burda mentira y un insulto a la inteligencia constitucional. Desde 1929 todas las constituciones dominicanas han establecido que los hijos de extranjeros ilegales no son dominicanos, eso fue ratificado por una sentencia de la SCJ, por la Ley de Migración, la Constitución de 2010 y la tapa al pomo se la puso la histórica sentencia del Tribunal Constitucional, la 168-13.
Los hijos de ilegales nacidos en nuestro territorio no son dominicanos, por todo lo anterior, no son apátridas, son haitianos, porque la constitución de su país establece que todo hijo de haitiano o haitiana nacido en el extranjero, es automáticamente ciudadano haitiano, es lo que los juristas denominan el jus sanguinis.
La sentencia histórica movilizo los enemigos del país y el gobierno se vio forzado a promulgar la Ley 169-14, que representó la reforma migratoria más flexible del mundo, que permitió a los extranjeros gratuitamente regularizar su situación migratoria y a los nacidos aquí hijos de ilegales mediante un proceso obtener la nacionalidad. ¿Qué más pretenden?
El principal problema del país es esa inmigración masiva y permanente porque a la vuelta de dos décadas o menos la mitad de nuestra población será de origen haitiano, representará una carga insostenible para nuestro sistema de salud y educación, no habrá un mercado laboral suficiente para esa mano de obra inexperta, aumentará la criminalidad, probablemente aumente la deforestacion, gran parte de los pueblos fronterizos, como ya está ocurriendo, serán ocupados por los indocumentados y se producirán graves conflictos sociales entre la población dominicana y la haitiana, en la medida que nuestros conciudadanos adviertan todo lo que han perdido y cómo su situación económica ha empeorado por esa inmigración.
No se trata de xenofobia, racismo o nacionalismo a ultranza, se trata de que si esa invasión no se contiene y los gobiernos y esta sociedad asumen el compromiso de aplicar las leyes migratorias, estamos sepultando la posibilidad de convertirnos en un país desarrollado y de oportunidades a sus ciudadanos, porque importando pobreza no es posible con nuestros recursos superar la pobreza de los dominicanos.