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POR FÁTIMA ÁLVAREZ
República Dominicana está en un proceso avanzado de elaboración del Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos y Beneficios Compartidos que normará las relaciones con entidades dedicadas a la investigación, al tiempo que asumirá una participación de los beneficios de la investigación científica en animales y plantas del territorio nacional.
El país ha ratificado el Convenio de Diversidad Biológica, cuyo objetivo es fomentar el uso ambientalmente adecuado de los recursos genéticos que se obtengan de la biodiversidad, según explicó Amarilis Polonia, directora de Vida Silvestre y Biodiversidad, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El Reglamento es un instrumento clave en el manejo de la investigación científica en las áreas protegidas, que se caracterizan por su alto nivel de diversidad de animales y plantas.
Tradicionalmente, los países industrializados realizan y patentizan investigaciones en otras naciones de limitado desarrollo como República Dominicana, Ecuador, Venezuela, México o Perú, utilizando los principios activos extraídos de su flora y fauna sin que hasta el momento éstas obtengan un beneficio por el uso y comercialización de sus recursos genéticos.
Estos principios activos generan millones de dólares en todo el mundo cuando son comercializados a través de la farmacología, la cosmética o la venta de bienes de consumo manipulados genéticamente, sin que llegue una sola moneda a los países de los cuales extraen estas sustancias.
Por esto, el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, en su Artículo 15, establece la regulación en cada uno de los países para acceder a estos recursos, a fin de normar los procesos, recibir la transmisión de tecnología necesaria y compartir los beneficios que resulten de los estudios.
Tenemos el derecho a una participación justa y equitativa y a la autonomía para determinar qué hacer con nuestros recursos, explicó Amarilis Polonia.
Detalló que en el plano local, antes de dar luz verde a la biotecnología se deben establecer medidas en marcos legales de bioseguridad que permitan que se ejerza de forma segura y se garantice parte de la diversidad biológica de plantas y animales endémicos y nativos.
La biodiversidad no es más que la diversidad de que dispone un país en lo relativo a los recursos animales y vegetales que forman parte de los ecosistemas, y que en el caso de República Dominicana es bastante rica debido al alto nivel de endemismo y a la variedad de ecosistemas que se pueden encontrar en un microclima, lo que resulta un negocio redondo para las empresas de potencias industrializadas que llegan a la isla con intenciones de convertirla en un laboratorio a cielo abierto.
El Protocolo de Cartagena, que se deriva del Artículo 19 del Convenio de Diversidad Biológica, es un recurso legal que faculta a las naciones a crear las reglamentaciones necesarias para regular la biotecnología moderna por medio de la cual se modifican organismos vivos en laboratorios (ingeniería genética) para que éstos adquieran características específicas, ya sea en tamaño, formas o capacidades, según explica Marina Hernández, encargada del Departamento de Recursos Genéticos de la Secretaría de Medio Ambiente.
Esto se practica principalmente en la agropecuaria y hoy día es una de las principales herramientas de apoyo a la economía en países como Estados Unidos, Brasil, China y Argentina, para facilitar la reproducción y competir en los mercados internacionales, señaló.
