El 7 de enero de cada año se conmemora el “Día del Poder Judicial”, establecido en el art. 40 de la Ley No. 327-98 sobre la Carrera Judicial. Es un día especial para los usuarios internos y externos de la justicia, se celebra con una ofrenda floral, una misa de acción de gracias y culmina con una Audiencia Solemne, donde el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial rinde cuentas del año anterior y presenta las metas, planes y programas para el año judicial que se inicia.
El Poder Judicial representa uno de los pilares fundamentales en que descansa la democracia dominicana, administra justicia en nombre de la República, goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Este Poder debe luchar para lograr la autoridad política, materializada en su independencia plena no sólo frente a los justiciables sino frente a los demás poderes y órganos constitucionales, sustentada en el principio de separación de poderes.
La separación de poderes le otorga un orden autónomo e independiente en el ejercicio de sus funciones. Su independencia funcional implica un monopolio en el ejercicio de su potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Sus relaciones con los demás poderes y órganos constitucionales deben ser de coordinación y colaboración pero nunca de subordinación.
Esto no sólo implica una división del trabajo, ni la parafraseada independencia en la toma de decisiones; involucra además, el respeto interinstitucional de las normas que les son propias en su accionar con cada uno de los poderes, a efecto de que puedan unos a otros autocontrolarse a través de sus pesos y contrapesos, como garantía ciudadana frente al Estado.
La independencia va más allá de un simple acto jurisdiccional, tiene que ver con su autonomía financiera sustentada en la Ley No. 194-04 que le asigna el 2.66% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto General del Estado.
La independencia financiera es importante y debe ser respetada por los demás poderes del Estado.
A pesar de las gestiones y reclamos de sus autoridades y de los dirigentes de las asociaciones de jueces, el resultado ha sido el incumplimiento del mandato de la Constitución y de la ley tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Parecería que ambos poderes se han unido para mantener al Poder Judicial arrodillado, práctica reiterada que año tras año se materializa al no asignar los fondos como un mecanismo de control, de castigo o de humillación a la “debilitada justicia”.