El Día Internacional de los Derechos Humanos encontró a la República Dominicana con violaciones profundas que afecta a millones de dominicanos y que urge a las autoridades, generar políticas públicas que garanticen su cumplimiento, así lo entienden juristas y representantes del sector.

Según expertos, la situación empeora por la falta de confianza en la justicia dominicana y la Policía Nacional, por no garantizar el salvamento a los derechos fundamentales de la sociedad en sentido general.

Representantes de los derechos humanos denuncian una constante presión por parte de las autoridades en busca de amainar el trabajo de las diversas organizaciones, lo que ha hecho que muchos decidan callar.

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“En ciertas ocasiones el presidente (Luis Abinader), se expresó en contra de los grupos de defensa de los derechos humanos y esto ha hecho que algunos inclusos hayan cometido el error de caer en el silencio, muchas veces por el miedo que le inculcaron las autoridades. Somos muy pocos los grupos que estamos llevando la voz cantante en defensa de la ciudadanía que lo necesita”, denuncia Alberto Díaz, presidente de la Organización Internacional de los Derechos Humanos (OIDH).

A esto se le suma la supuesta “sentencia de muerte” que envían las autoridades contra presuntos delincuentes, hace que la situación se torne cada vez más complicada en materia de la defensa de los derechos humanos en el país.

“El código 29 que emitió en rueda de prensa el presidente de la República (sobre el llamado a entregarse de Kiko la Quema), son dos balazos en el pecho y nueve metros bajo la tierra, te dice a ti que ya estamos viviendo en una oligarquía en la República Dominicana”, afirma Díaz.

Según Díaz, lo mismo se repite por ejemplo en el tránsito, ya que los agentes “de manera burlona, paran a los motoristas, le dicen grábame si quieres, le dan golpes, le quitan los motores, le incautan los documentos y muchas veces sin haber ningún tipo de violación”.

Para el recién electo presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana Trajano Vidal Potentini, uno de los aspectos más preocupantes es la Policía Nacional se haya convertido en una entidad que viola constantemente los derechos fundamentales, lo que hace necesario una introspección.

“Lo preocupante es que de manera reiterada aparezca la Policía Nacional como la entidad más violadora de los derechos fundamentales  que hay en la República Dominicana, creo que eso tiene que llamarnos siempre a reflexión” afirma Trajano.

El jurista resalta además la necesidad de “hacer votos para que el respeto y la observación a los derechos humanos se instaure como una cultura, que le demos sentido a los criterios y parámetros constitucionales que hacen el mandato y la adopción de estado social y democrático de derecho, que es lo primero que debemos empezar a observar en el país”, afirma el jurista.

De su lado, el abogado y defensor de los DD.HH. Francis Ciprián entiende que el Poder Judicial es uno de los principales ejes de esta problemática, ya que afecta intereses de los ciudadanos, violentando incluso, la presunción de inocencia.

“El Poder Judicial a diario y de manera deliberada, violenta  cada uno de esos derechos a muchos ciudadanos que se encuentran en estado de investigación. Esto porque dentro de los derechos fundamentales o derechos humanos, está el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, pero cada vez que una persona es investigada, se violentan estos preceptos, porque ya para la justicia eres culpable”, indica Ciprián.

“En un gran reto que tenemos, pero se puede lograr siempre que Procuraduría General de la República den cumplimiento al principio de objetividad que establece la norma, en cada investigación y que en este caso no se cumple en ninguna de ellas”, señala.

Realidad de las cárceles

Con una sobrepoblación carcelaria que en algunos centros supera el 360%, como es el caso de la penitenciaría de La Victoria y con más de 25,700 reos en general, el sistema penitenciario dominicano colapsa poco a poco, alentado en gran medida por el “excesivo uso de prisión” como medida cautelar, a entender de los expertos, lo que constituye un abuso y violaión de los derechos humanos, en casos específicos.

Al ser entrevistado meses atrás, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, indicó que esta herramienta se ha convertido en “un abuso de los jueces en busca de popularidad”, impactando de manera negativa a todo el sistema judicial.

La realidad empeora para los miles de reos hacinados que para el 2021, representaba el 62% de los 27.506 presos para la época, en los centros del antiguo modelo penitenciario.

Un informe publicado por la Defensoría Pública este año, resalta que para el 2022, 62 de cada 100 privados de libertad dormían en el piso o hamacas improvisadas y con altos niveles de insalubridad, además de una marcada falta de acceso a servicios de salud.