En el Palacio

En el Palacio

POR MANUEL JIMÉNEZ
Los únicos dos funcionarios que se han referido de manera concreta y especifica a los espinosos temas de los contratos sobre la Isla Artificial frente al malecón y el préstamo para el equipamiento de la Policía Nacional han sido el director de Prensa de la Presidencia, Rafael Núñez y el portavoz gubernamental, Roberto Rodríguez Marchena. Tengo entendido, por informaciones emanadas de muy buenas fuentes, que ambos han tocado el tema cumpliendo instrucciones superiores.

Núñez, por un lado, fue enérgico y contundente al advertir que el presidente Leonel Fernández, bajo ningún concepto, pondría en ejecución ambas iniciativas aprobadas por el Congreso Nacional. Pero más recientemente, el portavoz Rodríguez Marchena habló para pedir al Congreso, desde su despacho en el Palacio Nacional, que a la mayor brevedad posible remita ambos contratos a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, porque el presidente Fernández tiene “sumo interés en hacerles las observaciones de lugar”. Ahora bien, mucha gente no entiende el por qué desde instancias superiores se ha pedido  al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, no referirse al caso, sobre todo si se utilizó el despacho a su cargo para remitir al Congreso, según lo que se ha dicho, unos documentos que dieron pie a que el caso de la Isla Artificial se pusiera en la agenda de ambas. A Pina Toribio todo el mundo le ha defendido, incluso se ha resaltado el hecho de que cuando ocurrió “esta confusión” (para utilizar la misma frase de Núñez), el Consultor Jurídico se encontraba en San Juan, Puerto Rico. Se ha hablado de que otro funcionario, también con despacho en el Palacio Nacional, se había valido de algunas instancias para hacer llegar estos documentos al Congreso. De este funcionario sólo se han dado señales, pero no creo que en lo personal él se sienta molesto si ya se dice  su nombre. El mismo ya se da por aludido y no resulta un pecado, repito, decir que se trata de Eduardo Selman, secretario de Estado sin Cartera. Ahora bien, allegados a Selman (quien según tengo entendido se encuentra en Miami por razones familiares) aseguran que éste esta tranquilo, sin ningún cargo de conciencia, pues dice que no tiene razones ni personales ni políticas, ni de Estado para traicionar la confianza que se ha depositado en él. “Si él (Selman) hubiese estado consciente de que cometió un error, ya hubiera salido a pedir perdón”, me dijo la fuente que conversó conmigo. Incluso, (y esto es lo que no entiendo) esa fuente me dijo que si el funcionario no ha salido a dar la cara es porque también le han pedido que mantenga silencio. ¿Quién le ha pedido tal cosa?. Esto, es solamente una parte del misterio.

rrrrr

Ahora bien, quienes intentan aclarar el proceder del Gobierno en este sonado caso, dicen que al Congreso se mandó una cosa y se aprobó otra, pues de toda manera la intención que existía en el Poder Legislativo era desempolvar el contrato de la isla. ¿Cuál fue la cosa que se envío y que fue lo diferente que aprobó el Congreso?. Esos son parte de los cabos sueltos que nadie ha querido atar hasta la fecha. El problema radica ahora, en que en ciertas instancias del Congreso se considera que ambos contratos (el de la Isla Artificial y el préstamo para el equipamiento de la Policía) no tienen que ser remitidos al Poder Ejecutivo para fines de observación o promulgación, que no hay precedentes de esto. “Las leyes son las que se promulgan o se observan, pero en el caso de los contratos, sencillamente se ejecutan o no se ejecutan”, me aclaró una fuente del Congreso con amplia experiencia en estos asuntos. Mencionó un caso que se presentó en la gestión anterior de un contrato relativo a un proyecto en Samaná que fue remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo, pero más tarde llegó de la Presidencia una carta retirándolo y las cámaras no tuvieron otra alternativa que desapoderarse. Observó, también, que esos contratos se aprobaron tal y como llegaron del Poder Ejecutivo. Entonces, si el caso es como suena, estamos frente a una evidente divergencia de procedimiento. Mientras por un lado se instruye al portavoz Rodríguez Marchena para que pida los contratos, en el Congreso se juega al silencio y nadie explica, oficialmente, por qué han transcurrido dos semanas sin que esas piezas lleguen a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Ayer, hasta bien entrada la tarde, en esas oficinas se esperaba con impaciencia la llegada de esos contratos, pero la verdad era que entre los empleados de Palacio y los del Congreso no había mediado ni una llamada telefónica para precisar si iban en camino o se ultimaban detalles para la remisión.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas