POR MANUEL JIMÉNEZ
Por el tipo de régimen esencialmente presidencialista que predomina en República Dominicana, el Palacio Nacional tradicionalmente ha sido receptor de todo lo que ocurre en el país, no sólo en las luchas meramente intrapartidarias, sino de lo que se mueve en cada sector y subsector político, empresarial, social, cultural, sindical, etc. e incluso, en el pasado reciente se llegó a escudriñar hasta la vida privada de periodistas, políticos y hombres de negocios a través de los “pinches telefónicos”. Sería ingenuo, sin embargo,  creerme de que se trata de una práctica descontinuada, pero al menos ahora, si se hace, hay más discreción en ese manejo, y una mayor centralización en el acceso de la información que pueda obtenerse.

Pues bien, es sabido que en todos los gobiernos hay oficinas en Palacio que manejan más informaciones que otras, pues esto lo determina esencialmente el nivel y la calidad de quien desempeñe el cargo. Cuando supe del retiro de los 53 diputados danilistas de ese hemiciclo en protesta por la cancelación reciente de dos intendentes de la gobernación de la provincia Santo Domingo, comencé a recabar informaciones en torno a las causas y manera en que habían ocurrido o si se trataba de personas designadas por decretos del Poder Ejecutivo. En la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo no había disponible ningún decreto dando cuenta de la medida, pero una fuente me explicó las cosas con ejemplos ilustrativos: El gobernador de la Provincia, Eladio Medina, había elevado su queja ante una autoridad superior por el alegado boicot a que estaba siendo sometido su trabajo en la zona por parte de Miguel Pérez y Yanet Medina, enrolados en la corriente peledeísta que respalda las aspiraciones presidenciales de Danilo Medina.

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Como su jefe superior entendía que esas dos personas no acataban sus órdenes ni seguían al pie de la letra su mística y tren trabajo,  llegó a la conclusión de que, al ser sus contrarios en la lucha interna partidaria, buscaban hacerle fracasar en sus funciones públicas. “Tú no puedes tener dos asistentes personales que anden totalmente divorciados de tu plan y de tus prioridades de trabajo”, me insistió esa fuente. “Eso sucede también en cualquier oficina de una empresa privada y hasta a lo interno de un partido político, pues desde que se creó la división del trabajo, todo jefe necesita en su entorno a persona de su confianza, no a enemigos”, razonó la fuente.

Por esas razones, según expuso la fuente, el gobernador solicitó su destitución. Se quejó, sin embargo, que así como esos diputados protestaron  por esas dos cancelaciones, no obstante, no resaltaran que en un reciente decreto, el número 135-07, del 22 de marzo en curso, el Presidente Leonel Fernández designó como Sub-administrador de Bienes Nacionales a Héctor Mejía, un reconocido activista por la nominación presidencial de Danilo Medina. Es decir, agregó esa fuente, que en esto hay cosas que se ven y a las se le quiere sacar ventajas políticas, pero otras que se callan porque no convienen “al plan que se ha trazado ese sector del partido”.

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Reynaldo Pared Pérez, Secretario General y Presidente del Senado, dijo en una reciente entrevista en los pasillos del Palacio Nacional que los casos de cancelaciones en la administración pública por razones de diferencias partidarias internas no llegaban a 25. Obviamente, hablaba de los casos de despidos de que había sido apoderada la Comisión Electoral del Partido de la Liberación Dominicana que coordina el doctor César Pina Toribio, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo. Se aclara, además, que en ésta no se incluyen los casos de danilistas que han sido sustituidos por decretos del Poder Ejecutivo, pues ésta es una facultad constitucional del Presidente de la República. A gente del Palacio extraña, sin embargo, que sólo se hable y se haga bulla de las cancelaciones en las oficinas públicas, pero no así de las que se habrían dispuestos en perjuicios de seguidores de la reelección en los ayuntamientos del país bajo la tutela de síndicos peledeístas que son adeptos al licenciado Medina. Es decir, que esta práctica se ha estado aplicando de un lado y de otro. Sin embargo, explicó esa fuente palaciega, al sector que respalda al Presidente Fernández no le interesa hacer bulla con los despidos que afectan a su gente en los ayuntamientos. “Ese no es nuestro plan, de labios del Presidente Fernández no ha salido un solo insulto, una sola desconsideración contra ningún compañero, y eso es lo que se debe resaltar”, insistió en resaltar esa fuente.