MANUEL JIMÉNEZ
Todo el mundo comenta los cambios que se producirían a partir de este miércoles entre funcionarios de alto nivel del tren gubernamental, por lo que los decretos que expida el presidente Leonel Fernández  no parecerían sorprender a nadie, propiamente hablando. Ahora bien, lo que sí parece que será una sorpresa es el nivel y el número de funcionarios civiles y militares que estarían involucrados, pues lo que se comenta es que el remeneón será fuerte, algo sin precedente en una gestión del actual gobernante. Para ilustrarme un poco, una fuente me dijo que un equipo de trabajo se pasó todo el domingo en el Palacio Nacional redactando decretos. ¡Es algo grande!, me insistió. En esta ocasión, los rumores sobre remociones entre los altos cargos del gobierno adquieren mayor interés en vista de que están precedidos de una serie de escándalos relativos a los procedimientos seguidos por ciertas autoridades en algunos casos oficiales. Algunos de estos casos, según ha trascendido, han sido fuente de una gran incomodidad en el presidente Fernández, quien estaría esperando su segundo aniversario para actuar en consecuencia. Durante su primera gestión, entre 1996 y el 2000, Fernández virtualmente no realizó cambios significativos a nivel del gabinete, salvo raras excepciones y eso tampoco ocurrió en el primer año de la presente gestión. Esto último se entendió como lógico, pues había que esperar que cada uno de los funcionarios de las diferentes áreas del gobierno se familiarizara con sus respectivas responsabilidades y darle el tiempo necesario para que el fruto de su trabajo comenzara a sentirse. La coyuntura actual es totalmente diferente, y a nadie le cabe duda de que los cambios ya están sonando, y con fuerza. Me dicen, que algunas caras nuevas serán incorporadas al gobierno, incluso proveniente de las filas de partidos aliados como el Consejo Presidencial Reformista y el Partido Reformista Social Cristiano. Se habla de algunos cambios en el servicio exterior, incluyendo Europa. Hay un detalle que no se si el presidente Fernández lo ha puesto en práctica en esta ocasión. Durante su primera gestión, Fernández acostumbraba llamar a su despacho al funcionario que pensaba remover de su puesto para que la medida no le tomara de sorpresa. Ahora, sin embargo, no hay constancia de que el mandatario esté siguiendo este procedimiento y más bien parece inclinarse por la sorpresa, un método que gustó tanto al fenecido presidente Joaquín Balaguer.

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Al anochecer de ayer la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo no había recibido del Congreso Nacional, concretamente de la Cámara de Diputados, los contratos relativos a la construcción de una isla frente al malecón de Santo Domingo y del préstamo para el equipamiento de la Policía Nacional. Estos contratos, cuya remisión ha sido solicitada con urgencia por el portavoz gubernamental, Roberto Rodríguez Marchena, van ya en su tercera semana de aprobación y nadie entiende por cuáles razones se ha retrasado su envío al Poder Ejecutivo, en un caso que, al parecer, no registra precedentes. Carlos Dore Cabral, director de la Oficina de Información, Análisis y Estrategia de la Presidencia se preguntaba el domingo si no hay estipulado algún plazo legal para que el Congreso remita al Poder Ejecutivo una ley o contrato una vez sea aprobado. Razonaba, con toda lógica, que la Constitución otorga un plazo de ocho días hábiles al Poder Ejecutivo para la promulgación u observación de una ley luego de haberla recibida. Aunque la decisión del gobierno en torno a estos dos contratos es de conocimiento público, faltaría que ambos lleguen al Poder Ejecutivo para que éste deje sentada por escrito su postura. El presidente Leonel Fernández, según fuentes cercanas, tiene la decisión firme de no ejecutar la ratificación que hizo el congreso del contrato de la isla artificial, pero por ahí se está hablando de que los promotores del proyecto estarían pensando recurrir a los tribunales, no tan solo en el país, sino también en el exterior. En lo que concierne al préstamo de los 132.4 millones de dólares para el equipamiento de la Policía Nacional, el gobierno, en principio, tuvo la idea de que si alguna licitación había que celebrarse, ésta debió ser convocada en Estados Unidos en vista de que se trata de un financiamiento del Eximbank. Ahora el procedimiento que se seguirá, no sólo con este contrato, sino con todos, es que se llamara a la licitación, pero el gobierno, a través del Departamento de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas, saldrá a buscar el financiamiento que mejor convenga a sus intereses… En lo adelante, se explicó, el gobierno no tomara en cuenta que un contrato venga atado a un financiamiento. Se irá de toda manera al mercado y si ese financiamiento resulta adecuado a los intereses del Estado, se dejará intacto, pero después de haber consultado otras fuentes.