POR MANUEL JIMÉNEZ
En ciertas instancias del Gobierno se tenía el total convencimiento de que el Congreso Nacional estaba decidido e incentivado a ratificar el contrato para la construcción de la Isla Artificial. Se hiciera lo que se hiciese desde el Gobierno, ese contrato contaba con la mayoría  necesaria para una ratificación congresional, me comentó una fuente palaciega.

En este marco, una persona que se identifico como “asesor” del Senado de la República llamó un día por teléfono a un Secretario de Estado sin Cartera y le alertó en torno a que el Poder Ejecutivo debía enviar una comunicación al Congreso en la que hiciese constar su oposición a dos de los incisos contenidos en ese contrato y que habían sido fuentes de debates y cuestionamientos públicos. Se refería a las cláusulas donde el Gobierno asumía lo que se denomina el “riesgo cambiario” a que se exponían los constructores de la isla una vez iniciado el proyecto. En el otro se comprometía también al Estado en caso de que la calificación riesgo-país fuera desfavorable para la República Dominicana y aumentara el costo del dinero para el proyecto en los mercados financieros. Se combino, según relató la fuente, en que se harían las consultas de lugar con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el abogado que estuvo a cargo de la redacción del referido contrato. Como la ratificación del contrato se daba como un hecho virtualmente consumado, el ánimo que primó entre los funcionarios que manejaron el asunto era que, de todas maneras, esos incisos “lesivos al interés nacional” debían ser anulados del convenio. Eso, se explicó, no podía hacerlo por si sólo el Gobierno, sino que se necesitaba que los promotores de la isla renunciaran también a esas cláusulas. El Secretario de Estado sin Cartera se puso en contacto con los promotores del proyecto y les explicó lo que estaba reclamando el Senado. Ellos aceptaron y redactaron una comunicación, que me fue mostrada, dirigida al presidente Leonel Fernández en la que renunciaban a los incisos que habían sido cuestionados a través de la prensa. Esa comunicación llegó al Palacio Nacional, pero no concretamente al despacho del presidente Fernández. Lo que faltaba era la comunicación del Poder Ejecutivo en los mismos términos y de esa manera ambas partes renunciaban a esas cláusulas y el Congreso no tenía mas alternativa que aprobar el contrato eliminando esos dos incisos conflictivos, como finalmente ocurrió.

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Lo extraño fue que ese contrato, antes de ser firmado por el Estado, pasó por varias manos, por varios despachos oficiales, y nadie observó los dos benditos incisos que comprometían la responsabilidad del Estado en un proyecto privado. Pues bien, teniendo ya a manos las dos comunicaciones, la de los promotores de la isla y la del Poder Ejecutivo, el procedimiento siguiente era remitirlos al Senado. Dicen que el Secretario de Estado sin Cartera falló varias veces en sus intentos por ser recibido por el presidente Fernández para explicarle el procedimiento que se estaba siguiendo en el caso del controversial contrato. Intentaba decirle al Presidente que el interés se circunscribía solamente a que frente a las señales inequívocas que enviaba el Congreso de que ratificarían el convenio, El Estado tenía que protegerse y evitar que las cámaras sancionaran favorablemente el asunto con los incisos señalados. Ahora bien. ¿Quién toma la decisión de enviar las dos comunicaciones al Senado? .El asunto se quiere reducir a una simple confusión, según se colige de las informaciones que he podido recolectar. Se dice, por un lado, que uno de los funcionarios pensó que el caso había sido expuesto al presidente Fernández ,por el otro y, en consecuencia, optó por remitir los documentos al Senado. Otros dicen que uno se apareció un día al despacho del otro y le dijo, más o menos: “Dice el Presidente que envíe los papeles al Congreso”. Esta última versión, según mis fuentes, es la que se maneja en instancias del Poder y la fuente de una gran incomodidad en el presidente Fernández, según se insiste. Se comenta que uno de los funcionarios envueltos en este sonado caso ha entrado en una especie de shock, incluso con manifestaciones depresivas, pues entiende que ha sido injustamente juzgado por comentaristas y medios de prensa. El sostiene que desde el Palacio Nacional se actuó correctamente y que en este caso no han mediado indelicadezas  y que, incluso, está dispuesto a demostrar que su actuación fue de interés publico y no particular. Las indelicadezas, dice,  habría que buscarlas en el otro Poder del Estado que ha intervenido en esto, relatan las fuentes. Ese funcionario no descarta que pueda ser “sacrificado”, pero que en todo caso mantendría su amistad y lealtad al presidente Fernández. Lo cierto es que el anterior Congreso se fue y no llegó a remitir al Poder Ejecutivo ni el contrato de la isla ni tampoco el del crédito para el equipamiento de la Policía Nacional. Mientras tanto, Fernández sigue cerrado a bandas, y no está en su ánimo ejecutar el controversial contrato de la llamada Isla Artificial.