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POR ODALIS MEJIA
En materia de seguridad ambiental, la República Dominicana ocupa el lugar 119 de un grupo de 149 países que confrontan problemas institucionales y de gobernabilidad que afectan el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Así está consignado en el Índice de Sostenibilidad Ambiental, elaborado por la Fundación para la Seguridad y Sostenibilidad Ambiental de los Estados Unidos (FESS, por sus siglas en inglés).
FESS es una entidad que trabaja por mejorar el conocimiento y proveer soluciones prácticas a los problemas claves de seguridad ambiental en el mundo.
A nivel institucional el documento establece que en el Estado y la sociedad civil en el país, la ausencia de reglas, los bajos índices de cumplimiento de las normas existentes y la capacidad o voluntad limitada de hacer cumplir las leyes, son aspectos que socavan el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales.
Se menciona además como problemas de la seguridad ambiental del país la prolongada crisis del sector eléctrico; la vulnerabilidad frente a desastres naturales; la falta de ordenamiento territorial; las prácticas medioambientales insostenibles en la agricultura y el turismo; el nexo pobreza-degradación ambiental y la implicación en el país del desastre ambiental en Haití en el marco de la difícil relación dominico-haitiana.
«República Dominicana aún tiene tiempo, pero no demasiado para evitar el tipo de desastre ambiental que aqueja a su vecino más cercano, siempre y cuando se aumente con urgencia la prioridad asignada al tema del medio ambiente y la seguridad ambiental dentro de la agenda nacional», establece el informe.
En relación con el turismo, indica que este renglón amerita mención especial al ser un sector clave de la nueva economía dominicana que enfrenta serias interrogantes en cuanto a su sostenibilidad a mediano y largo plazos.
Señala que en la actualidad el país se debate entre la promesa de un futuro de bienestar, estabilidad y desarrollo sostenible y el peligro de un descenso hacia escenarios de continua degradación ambiental con posibles implicaciones para la estabilidad política, la paz social y la seguridad.
El informe resalta que el país también ha logrado avances significativos con la promulgación de una ley de medio ambiente, la creación de una secretaría dedicada a la materia, el freno a la deforestación y aumento de la conciencia ambiental.
La seguridad ambiental se define como la condición bajo la cual una nación o región logra tomar pasos para asegurar la estabilidad y el bienestar a través del buen manejo del medio ambiente y los recursos naturales. Los estudios de seguridad ambiental enfocan los vínculos entre factores medioambientales y variables como los niveles de conflicto e inseguridad.
La evaluación para establecer el Indice de Seguridad Ambiental del país se elaboró entre el 2004 y 2005, pero fue ayer cuando se dio a conocer en el acto de firma de un compromiso entre las Secretarías de Medio Ambiente, Turismo, Salud Pública y la Cámara de Diputados para impulsar procesos sociales y técnicos que faciliten la descentralización, el incremento de la capacidad de regulación, así como mayor coordinación de políticas públicas vinculadas a los sectores claves para la seguridad ambiental.
La investigación sobre la sostenibilidad ambiental del país fue auspiciada por, además de la FESS, por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Fundación Institucionalidad y Justicia.
El compromiso lo firmaron Max Puig, secretario de Medio Ambiente, Bautista Rojas, de Salud Pública, Franklin Reynoso, subsecretario de Turismo y Alejandro Montás, en representación de la Cámara de Diputados.
Al acto asistieron por la Finjus estuvo Servio Tulio Castaños, por la PUCMM, Ramonina Brea, Max Castro de LA FESS, Ana Cristina Nogueira OPS. También asistieron el presidente de AES, Keving Maning, empresarios y representantes de diversas instituciones.
Rojas declaró que la seguridad ambiental no es privativa de un pueblo, sino un derecho de toda la ciudadanía. Mientras que Castro expresó que la misma no privilegia el medio ambiente sino que involucra la economía, la política y la salud.
En tanto que Max Puig al reconocer la amenaza que plantea la seguridad ambiental del país dijo que la base natural del país debe ser preservada para lo cual se debe trabajar con una política transversal que atraviese todos los sectores, especialmene Medio Ambiente, Salud y Turismo.
