Como siempre en este país de tantas irresponsabilidades y complicidades hay gente que anda por ahí rasgándose las vestiduras, buscando la fiebre en la sábana y no en el cuerpo enfermo, y llegan a pedir la cabeza de la directora del Instituto de Protección del Consumidor (Proconsumidor), Altagracia Paulino, por haber alertado sobre graves deficiencias en el salami nacional, en vez pedir la de los responsables de velar por la pureza del producto y la sanción de los fabricantes defraudadores.

Es obvio que Pro Consumidor debe evitar que paguen justos por pecadores, por lo que en principio vale la petición de que identifique los productores del salami deficiente o contaminado, o que diga cuáles marcas pasaron la prueba de los análisis. Pero hasta eso se banaliza cuando se lee que el 97 por ciento de la muestra analizada tenía un contenido proteico inferior al mínimo establecido; que el 51 por ciento arrojó nivel de nitrito de sodio superior al permitido por ser una substancia potencialmente cancerígena, y hasta que el 15 por ciento presentó bacterias de origen fecal.

 Se puede entender que esos porcentajes de graves deficiencias arrojan un balance que no ha permitido hacer excepciones, por lo que tampoco es fundamental identificarlos. En tal caso se justifica el alerta público, que por lo menos ha obligado a algunos a dar explicaciones y a la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR) a adoptar previsiones para obligar a eliminar la fiebre.

 Debe tomarse en cuenta que fueron 258 las muestras analizadas procedentes de compras de salami en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, Duarte, Barahona y San Pedro de Macorís, y que abarcaron a 22 embutidoras.

También que la evaluación de su calidad fue hecha por personal y laboratorios de alta calificación como el Instituto de Innovación y Biotecnología Industrial y el Laboratorio de Control de Calidad del Veterinario Central.

 Es absolutamente injustificable que DIGENOR no hubiese adoptado hace tiempo la norma reglamentaria emitida de emergencia esta semana. Sobre todo porque desde el 25 de abril Pro Consumidor le había hecho una formal presentación de los resultados del análisis, al igual que al Ministerio de Industria  y Comercio y el Departamento de Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública, los días 23 de abril y 30 de mayo. 

 Es tres meses después, y gracias al escándalo, que DIGENOR emite la Norma 67:19-100 que otorga un plazo de tres meses para que todos los embutidos sean etiquetados en español con la información relativa a los porcentajes de ingredientes de naturaleza animal o no, peso, fecha de vencimiento, tipos de carnes utilizadas, registros sanitario e industrial y el número de lote.

 Aparte de que el plazo de tres meses parece muy largo para adoptar esas providencias fundamentales para los consumidores, es verdaderamente lamentable saber que la normativa tenía un mes de haber sido adoptada con representación de fabricantes y de los diversos organismos públicos vinculados. Son normas comunes en la comercialización de alimentos generalizadas hace décadas en el mundo civilizado.

 Es lacerante también que por lo menos los grandes fabricantes no hubiesen tomado por sí mismos la iniciativa de consignar esas informaciones en sus productos y que esperaran un plazo conminatorio  y  el daño que se han autoinfligido con un escándalo que ellos mismos debieron evitar. Y vale consignar que también fueron informados en reuniones promovidas por Pro Consumidor a partir de mayo.

 Gravísimo es también que se haya informado que hay decenas de fábricas informales de salami, un producto vital, de altísimo consumo nacional y hasta de exportación.

 Por todo lo anterior hay que concluir en que la fiebre no está en la sábana, ni en Pro Consumidor, sino en el salami mismo, y que si ahora podemos combatirla es gracias al espíritu indomable de la dilecta Altagracita Paulino.