Los más de dos millones y medio de funcionarios verán su sueldo recortado en un 5% a partir de este mes como parte de los anuncios realizados por el Poder Ejecutivo, dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero.

Al principio de la jornada de protesta se llevó a cabo una ruidosa manifestación frente al Ministerio de Economía en la capital, Madrid.

Los gremios esperan que cientos de miles de empleados públicos secunden la medida de presión contra esta reducción salarial, lo que podría afectar el funcionamiento de hospitales, escuelas o servicios de bomberos.

El gobierno de Zapatero tomó la decisión inédita, desde que España es una democracia, de recortar el sueldo a los trabajadores estatales con el objetivo de reducir el creciente déficit presupuestario del país que se ubica en más de 11%.

El Parlamento aprobó las medidas el mes pasado con apenas un voto más de los requeridos.

clic Análisis: Zapatero contra las cuerdas

«Medidas desesperadas» Los trabajadores públicos ya se manifestaron el 20 de mayo contra el recorte salarial.

Según la corresponsal de la BBC en Madrid, Sarah Rainsford, el éxito o el fracaso de la huelga servirá como primer termómetro de la oposición pública al paquete de austeridad.

Los sindicatos desaprueban que los trabajadores públicos sean los principales castigados por las medidas.

Sin embargo, estos recortes presupuestarios fueron bien recibidos por la Unión Europea, que considera que gracias a ellos España podrá ganarse la confianza de los mercados en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de deuda.

El plan de austeridad del gobierno fue aprobado el mes pasado sólo por un voto.

Los representantes de los trabajadores acusan al gobierno socialista de Zapatero de incumplir la promesa de que no efectuaría recortes sociales. Además, protestan por lo que consideran «medidas desesperadas» de un gobierno que prometió que España saldría relativamente indemne de la crisis económica global.

clic Opine: ¿Peligra España?

Servicios mínimos Los sindicatos acusan a Zapatero de incumplir su promesa de que no efectuaría recortes sociales.

Mientras tanto, el gobierno y las autoridades de las comunidades autónomas (regiones) fijaron los servicios mínimos que se deberán prestar y que, en algunos casos, fueron calificados de «abusivos» por los sindicatos.

El Ministerio de Justicia determinó que funcionará el Registro Civil para nacimientos, defunciones y matrimonios, además de todas las causas con presos y las medidas cautelares o provisionales.

El ministro español de Trabajo, Celestino Corbacho, expresó su «enorme respeto» a la huelga, que espera «se desarrolle en un clima de normalidad».

Para la secretaria general del opositor Partido Popular (PP), María Dolores De Cospedal, la protesta «no soluciona una crisis», aunque su agrupación la considera comprensible y entiende la «indignación» de la sociedad, porque son una «parte importante de los paganos del despilfarro de la política» de Zapatero.

El de este martes es el quinto paro que realiza el sector público español desde 1988.