Granada.- La Policía española liberó a cuatro mujeres de nacionalidades venezolana y dominicana y detuvo a tres personas en Armilla, provincia española de Granada (sur), que se dedicaban a la trata de seres humanos, la explotación sexual y el tráfico de drogas.

Los detenidos sometían a las víctimas a largas jornadas de prostitución para pagar la deuda contraída por el viaje hasta España.

La denominada operación “Galán” incluyó registros domiciliarios en Armilla, provincia española de Granada (sur), en los que se descubrieron 230 gramos de cocaína, 10 de cristal, documentación relacionada con el caso y 260 euros en metálico, informó hoy la Policía en un comunicado.

La investigación comenzó por una llamada telefónica al número de la Policía contra la trata de personas, lo que permitió liberar en febrero pasado a una menor extranjera de 16 años y detener a seis personas, de los que una ingresó en prisión.

La continuación de las pesquisas permitió la liberación de cuatro mujeres más de nacionalidades venezolana y dominicana, que previamente habían sido captadas y engañadas en sus países con una oferta de trabajo falsa para trabajar como camareras y cocineras en un restaurante.

Una vez en España, la banda las trasladó a Granada, donde les retiró el pasaporte y les exigió el pago de una deuda que rondaba los 5.000 euros (más de 6.000 dólares) por haberlas traído.

El dinero debían pagarlo mediante el ejercicio de la prostitución en condiciones de “explotación absoluta”, según la Policía, pues debían estar dispuestas las 24 horas de todos los días.

Según la Policía, todas las víctimas estaban sometidas a un férreo control de la organización, no les dejaban tener teléfono e incluso controlaban lo que hablaban con los clientes.

En una vivienda unifamiliar, cuyo sótano había sido habilitado para este tipo de actividades, eran obligadas también a ofrecer cocaína a los clientes.

El hombre que les suministraba la droga fue identificado y detenido. Los integrantes de la organización fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión de todos ellos, mientras que las cuatro víctimas fueron acogidas por una ONG.