WASHINGTON (AP) .-Un creciente número de gobernadores están quejándose cada vez de forma más enérgica por el flujo de inmigrantes que está llegando a sus estados, y buscan que el presidente y al Congreso a tomar medidas. Tanto gobernadores republicanos como demócratas dijeron el domingo que presentarán sus preocupaciones al presidente George W. Bush y a su gabinete en los próximos días.

“Esto es un tema nacional’’, dijo la demócrata Janet Napolitano, de Arizona.

 En este estado 500.000 inmigrantes ilegales fueron devueltos a sus países el año pasado.

Se calcula que hay 11 millones de inmigrantes ilegales que están perjudicando los recursos gubernamentales. “Mediante el dinero de los contribuyentes estamos absorbiendo los gastos de las cárceles, los costos de la salud y los de la educación’’, dijo Napolitano.

La inmigración es uno de los temas más candentes de la reunión invernal anual de la Asociación Nacional de Gobernadores, a la que asisten más de 40 líderes estatales. Los gobernadores también esperan hablar sobre la Guardia Nacional, donde temen recortes, y del seguro de salud.

Bush, quien se reunió el domingo por la noche con los gobernadores en una cena oficial en la Casa Blanca, les dio la bienvenida y comentó que “me gusta estar con los gobernadores, pues son gente dedicada a obtener resultados. Esperamos poder trabajar con ustedes para ayudarlos a darle forma al futuro del país’’, indicó Bush.

Posteriormente se dio un concierto para los gobernadores con música del cantante Aaron Neville.

La queja sobre la inmigración también llega de estados que se encuentran lejos de la frontera sur con México, como Utah, Misurí, Tenesí y Vermont. Los gobernadores de estos estados dijeron que los inmigrantes le está costando a los estados dinero federal. Todos están de acuerdo que la respuesta la tiene Washington y esperan que el Congreso pase nuevos proyectos de ley.

“Es importante que los gobernadores nos expresemos con una sola voz’’, dijo el republicano Jon Huntsman Jr., de Utah. “Abordamos estos temas cada día’’.

Los gobernadores han diseñado un plan de varios puntos para solicitar un refuerzo en la frontera que aproveche mejor la tecnología, mejorar el sistema de visas, adoptar un programa de trabajadores temporales.

Buscan también mayor cooperación con México y otros países de América Latina para eliminar la razón que obliga a millones de latinoamericanos a aventurarse a Estados Unidos.

“La noción de oponerse, o de hacerlos lo de la vista gorda, no tiene ningún sentido’’, dijo el demócrata Phil Bredesen , de Tenesí.

La presión por el tema ha ido en aumento en los últimos meses. En Texas, hubo un enfrentamiento armado entre autoridades estatales y presuntos narcotraficantes mexicanos disfrazados de militares.

En Minnesota, el republicano Tim Pawlenty quiere que el estado dé un seguimiento a los inmigrantes y que se multe a los empresarios que conscientemente contraten a aquellos que sean ilegales.

El año pasado, la inmigración ilegal llevó a Napolitano y al gobernador demócrata de Nuevo México, Bill Richardson, a decretar el estado de emergencia en condados fronterizos en ambos estados. Al mismo tiempo, los gobernadores advirtieron que medidas muy duras  provocarían graves daños a muchos estados, particularmente donde la agricultura depende de la mano de obra de los inmigrantes.

“Nuestra industria realmente confía en los empleados extranjeros para tener éxito’’ dijo el legislador republicano Jim Douglas, del estado de Vermont, donde la escasez de desempleados y la población que envejece encuentra dificultades para hallar trabajadores para las granjas lecheras del estado.  Hace dos años, Bush delineó las bases para un programa de trabajadores temporales, pero las elecciones del 2004 llevaron al gobierno y a algunos elementos del Congreso a mostrarse renuentes a abordarlo.

Ese año, algunos senadores decepcionados de una comisión criticaron abiertamente a Bush por no haber luchado por su propia propuesta.

La Cámara de Representantes aprobó una ley para aplicar las leyes de inmigración el año pasado, que contemplaba erigir muros a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, y le daba a las autoridades locales el poder aplicar las leyes de inmigración y exigió a los patrones a verificar el status legal de sus empleados.

El líder de la mayoría, Bill Frist, dijo a los legisladores que el Senado comenzará a negociar una ley de inmigración para el 27 de marzo, pero el senador republicano John McCain predijo que el Senado no consideraría la reforma de inmigración sino hasta el mes de abril o posteriormente.

Los gobernadores también hablaron de sus temores sobre un plan del Pentágono para reestructurar a la Guardia Nacional del Ejército, que muchos consideran que dejarían a los estados sin la capacidad de responder a los desastres y emergencias locales, como inundaciones en el Medio Oeste, incendios forestales en el Oeste o huracanes en la Costa del Golfo de México.

Los 50 gobernadores firmaron una carta a principios de este mes y que enviaron a Bush para oponerse al plan. El secretario de la Defensa, Donald Rumsfeld, sostendrá un almuerzo privado el lunes con los gobernadores para abordar sus temores.