El poder de la justicia depende de la credibilidad de sus decisiones. Es un acierto lapidario que en este momento colapsa la confiabilidad del aparato judicial, la justicia del país está en entredicho, pues apenas el seis por ciento de la gente cree en los jueces y fiscales, según la última encuesta Gallup-Hoy.
En esto contribuyen los mismos actores del sistema por la mala práctica del Ministerio Público de hacer denuncias sin misericordia ante los medios de comunicación, cuando un juez no complace su dictamen, mientras el presidente del Consejo del Poder Judicial se desprende anunciando la apertura de una investigación a manera de censura pública sin juicio previo, suspenden los jueces para investigarlos o los trasladan sin su anuencia a modo de sanción disciplinaria implícita en desmedro del debido proceso administrativo.
El justo recelo por la probidad judicial no autoriza al Ministerio Público para arrastrar con la buena imagen de jueces de reputación bien ganada, ni la presión mediática puede legitimar que las autoridades judiciales superiores ignoren el derecho de los jueces al debido proceso.
En la justicia hay una atmósfera de pánico generalizado, impera la dictadura del silencio, las garantías judiciales están paralizadas, hay pavor entre los jueces, perdemos lo que habíamos ganado, la gente no confía en el sistema, esto genera más violencia, afecta la democracia y al final perjudica a todos los ciudadanos.
El Ministerio Público tiene tomada la justicia, lo que se está revirtiendo contra los propios jueces, los mismos fiscales y los investigadores que son procesados sin garantías mínimas, humillados en público, a veces por denuncias insostenibles de avezados imputados que se valen del terror para aligerar su situación.
La crisis judicial ha hecho catarsis, denuncias de mafias en el área laboral, parálisis de la jurisdicción contenciosa administrativa, mora crítica en la justicia civil, desarticulación de la jurisdicción inmobiliaria, en sede penal los jueces aterrorizados y las garantías constitucionales suspendidas.
El mandato constitucional de que la dignidad permea todos los seres humanos y la tutela del debido proceso, incluye a los jueces y los fiscales que por ser humanos y humanas también son titulares de garantías judiciales y administrativas.
En la anunciada cumbre del poder judicial es imprescindible que las autoridades superiores comiencen por recuperar el respeto a la dignidad de los jueces, juezas y fiscales, en interés de la justicia.