SANTA BARBARA, California, EE.UU. AP. Cecilia Mendoza, una mexicana que está en el país ilegalmente y quien padece de cáncer de seno, no sabe qué habría sido de su vida de no haber tenido a mano las clínicas Santa Bárbara Neighborhood.

«Es una bendición tener estas clínicas en la ciudad porque muchísimas personas en mi situación no tendríamos a dónde ir cuando nos enfermamos», comentó la mujer, una madre soltera de 38 años que se trató el cáncer y se sometió a una operación ocular en esas clínicas.

Mendoza llegó desde Guadalajara en el 2009 y al poco tiempo fue víctima de un episodio de violencia doméstica.

«Me tuvieron que operar un ojo. Fui al hospital y ahí me cobraban 4.000 dólares por la operación, pero gracias a Dios en la clínica (SBNC) sólo me cobraron 15 dólares», explica.

Sus hijos, por su parte, recibieron tratamiento dental y contra el asma en las clínicas, conocidas por su sigla en inglés SBNC y que atienden a unos 17.000 pacientes y proporcionan más de 56.000 consultas anualmente.

La reforma al plan de salud que entrará en vigor el año que viene y la reforma a las leyes de inmigración que se debate en Washington, no obstante, podrían dejar a Mendoza y sus hijos sin los servicios de las cuatro clínicas en un futuro cercano.

Ello obedece a la costosa actualización de la base de datos de las clínicas y a la reticencia de algunos legisladores a incluir cobertura médica para los inmigrantes sin papeles en la reforma a las leyes de inmigración.

Las clínicas, que iniciaron el año pasado dicha actualización de los registros de sus pacientes, incurrieron en un déficit presupuestario de varios cientos de miles de dólares, según dejaron saber este mes funcionarios de las SBNC.

«Son un poco más de 2 millones de dólares lo que el proceso nos está costando. Estamos pasando de tener toda la información en folders (carpetas) llenos de páginas a tenerla en un formato computarizado», indicó el director de operaciones de esta organización sin fines de lucro Camilo Fenzi, un médico con más de 35 años de experiencia y graduado de la universidad de Columbia.

Fenzi, no obstante, dijo que aún no se sabe con certeza el impacto de la reforma de salud impulsada por el presidente Barack Obama.

«No han explicado exactamente cómo se pondrán en marcha varios de sus puntos», señaló. Acotó que en el caso de los extranjeros sin papeles, el impacto dependerá de la reforma a las leyes de inmigración que se está debatiendo en el Congreso.

De acuerdo a uno de los muchos puntos de la compleja reforma de salud, para cuando la ley entre en vigor el próximo 1 de enero, todas las clínicas y hospitales del país, para seguir operando, deberán tener su información en formato digital.

Al mismo tiempo, quienes no posean un estatus legal, como Cecilia, no estarán amparados por planes de salud como consecuencia de presiones del Partido Republicano.

Así, la única alternativa que tendría esa población sería acudir a las clínicas como las SBNC que puedan sobrevivir o a médicos particulares, los cuales tienen honorarios tres o cuatro veces más altos que las primeras.

Los inmigrantes que están en el país ilegalmente, por otro lado, no podrán beneficiarse del «Health Insurance Exchange» (Intercambios de Seguros Médicos), como se denomina a mercados competitivos en los que se podrá comparar los diferentes precios de los proveedores, permitiendo así a las personas encontrar una cobertura a mejor precio.

Como «consuelo», la reforma indica que los extranjeros sin papeles no serán multados por no comprar un seguro médico, como sí sucederá con los ciudadanos y residentes permanentes.

Defensores de los inmigrantes sin papeles dicen que es imperioso que la reforma a las leyes de inmigración ofrezca cobertura a esa población.

«La reforma tiene que ser modificada para asegurarnos que los 11 millones de indocumentados que se legalizarían tengan la oportunidad como cualquier otra persona en este país de poder optar a cuidado médico», indicó el supervisor del primer distrito del condado de Santa Bárbara Salud Carbajal.

Hasta ahora la versión que estudian los senadores en Washington establece un período de siete años de espera para que los beneficiados de la reforma puedan por fin optar a un seguro médico.

Carbajal enfatiza que si esto no se da, sería un desastre de grandes dimensiones, «al que de alguna manera se le tendría que buscar una solución».

«Hay que ser realistas y pragmáticos, y aunque no sería una tarea fácil para nada, la Junta de Supervisores y la comunidad tendrían que hacer algo para poder financiar programas que ayuden a estas personas (los inmigrantes sin papeles)», acotó Carbajal, quien es de ascendencia mexicana.

Carbajal y sus homólogos de la Junta saben cómo lidiar con problemas de salud para los más necesitados, ya que desde hace seis años se dieron a la tarea de reducir el número de niños sin seguro médico.

«De 16.000 niños y adolescentes sin seguro ahora tenemos menos de mil en todo el condado, siendo de ellos la mayoría indocumentados, todo gracias a los fondos que dispusimos para subsidiar programas de salud universal», expresó.

Actualmente en los condados de la Costa Central, incluyendo Santa Bárbara y San Luis Obispo, los gobiernos locales subsidian con varios millones de dólares un porcentaje de los gastos de emergencia de los hospitales locales por atender a personas sin seguro médico.

Lo anterior se debe a que de acuerdo a la ley federal, cualquier persona, sin importar su estatus migratorio, tiene el derecho de ser atendido en la sala de emergencia de cualquier hospital o centro de salud del país.

En este paradisíaco condado situado 153 kilómetros (95 millas) al norte de Los Ángeles, la Oficina del Censo reporta que el 45% de la población total de 438.000 personas es hispano, más de la mitad de ellos inmigrantes.

El norte del condado es una región agrícola dedicada especialmente al cultivo de fresas, vegetales y viñedos, así como una industria turística, donde según el reporte de «Predicción Económica del Condado» publicado por la Facultad de Economía de la Universidad de California de Santa Bárbara (UCSB), más del 70% de la mano de obra es hispana e indocumentada.

Más del 60% de sus pacientes no tienen un estatus legal y hay varios que llegan desde el vecino condado de Ventura, de acuerdo con Amalia Priego, coordinadora de salud de las SBNC, las cuales fueron fundadas en 1983.

«Nosotros ayudamos mucho a este sector de la población, porque son los más vulnerables y los que no tienen la oportunidad de recibir servicios médicos, y si tenemos que hacer cambios para seguir cumpliendo nuestra función, pues lo haremos», manifestó Priego.

Agregó que una de las soluciones sería cancelar los programas de servicio de salud menos demandados por los inmigrantes, como los de la «hepatitis C».