Muchos dominicanos se están mudando de nuevo para las provincias y los campos de donde emigraron motivados por el abuso de los comerciantes de la Capital que, validados por la falta de autoridad imperante, y argumentando que el dólar sube aunque esté estable, aumentan el precio de alimentos, medicinas, servicios de forma indiscriminada y abusiva sin que ninguna ley se meta con sus decisiones medalaganarias.

Si aquí existiera un poco de respeto por el consumidor, habría que revisar a muchos dueños de farmacias, colmados, supermercados, colegios privados, como deberían investigar también a los propietarios de viviendas que de la noche a la mañana han dejado fuera del alcance de los inquilinos el derecho a vivir bajo techo pues casi todos han subido la renta y la mayoría la cobra en dólares, en sumas que no aguanta ningún presupuesto y que a la hora de calcular la equivalencia, ni siquiera se asemeja a lo que valen en pesos. Son casas y apartamentos que llevan años y meses desocupadas y en las que no se ha hecho ninguna inversión en dólares. A veces el interesado se presenta, le dan un precio y a la semana se encuentra con que la misma vivienda, sin ninguna modificación, aumentó porque “todo está subiendo”. A la arbitrariedad de los caseros hay que agregar un mes que hay que regalar al dueño o buscón y dos meses por adelantado.

La vida en los pueblos es más barata. Todavía la ambición y la malicia de los negociantes del Distrito no los ha tocado. Han subido los precios, pero equitativamente. Aun se puede comprar en las boticas, hasta a cien pesos menos, medicamentos que aquí se dispararon. Y que no digan los avivatos de la urbe que en esas zonas se vende menos y no hay que pagar constantemente a la par con la prima. Allí hay medicinas recientemente adquiridas y los cálculos se hacen según a cómo estuvo al momento de comprarlas. Aquí ya ni siquiera le ponen el precio a los envases, porque los cambian indiscriminadamente a diario.

Lo mismo pasa con los colegios privados: los padres de familia están en shock. Cada día llega el estudiante con una circular anunciando que la cuota subió, que para el próximo año los derechos a exámenes y admisión serán otros, que hay que mandar dinero extra para esto o aquello. Y ningún organismo oficial regula esta arbitrariedad. Lo que no hacen estos centros es mejorar sus locales y sueldos, capacitar a sus maestros que a diario cambian el aula por la yola. En esa área están los pueblos más avanzados, tanto en la formación del personal docente como en la seguridad, el orden, los salarios.

Un renglón en donde es altamente comprobable el abuso, es el de los productos agrícolas. Los supermercados y colmados cobran exageradamente por tomates, berenjenas, cebolla, zanahoria, molondrones, limones, ajíes… y sólo hay que tomar las carreteras del Sur para encontrarse con hileras de vendedores que casi los regalan para que no se les pudra por la abundancia. Si al comprador ambulante le dan veinte berenjenas por diez pesos, una gigante ristra de cebolla por quince, dos latas de zanahorias por veinticinco, imaginen a cómo le estarán vendiendo a los vividores capitalinos, que no bajan el precio, a lo sumo lo mantienen o ponen por un tiempecito a dos por uno.

La ciudadanía está desesperada. Sólo le queda el lamento, la desesperación y hasta el llanto en esta sociedad en la que hace años no se habla de inspectores de control de precio. Todos están en campaña casi desde que asumieron el poder ignorando que la mejor propaganda que podrían hacer a sus ambiciones de perpetuidad es dar señales de que existen y están interesados en proteger al pueblo, evitando estos abusos que son casi robos a la franca. Cambiarían en la población el sentimiento de desamparo, la percepción de que a nadie la importa la suerte del infeliz. Ganarían de calle.