Querella indica que al menos 57 millones de dólares fueron a grupo en base a obligar ganadores

Entre los mecanismos que se habrían usado para estafar al Estado a través de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edenorte, Edesur y Edeeste) se citan necesidades ficticias de materiales y equipos, artículos comprados por un costo hasta cuatro veces más caros que el mercado, contratos de exclusividad arreglados, extorsión, soborno, compras fraudulentas y por encima del umbral.

Estos elementos forman parte de la querella interpuesta por el Estado contra un grupo de 15 exfuncionarios y contratistas quienes supuestamente cometieron estafa por RD$20,000 millones.

Un ejemplo citado es el caso del Medidor Código 1009022, del cual, al 25 de septiembre de 2018, había 4,653 y en el año anterior fue de 4,975. Sin embargo Edenorte adjudicó a Transformadores Solomón una cantidad de 13,200 unidades mediante dos licitaciones “lo que quiere decir que, sin importar que tenía material para abastecerse por prácticamente un año”, implicando un gasto para la empresa de RD$22,319,564.

En cuanto a sobrevaluación uno de los casos citados es del Medidor Ind Socket GPRS CL200 4 Hilos, cuyo precio al 2015 era de US$169 (aproximadamente RD$7,605 en base a la tasa de cambio de ese año). Sin embargo para el año 2018, su precio unitario se incrementó aproximadamente en un 460%, “esto es cuatro veces más sobre el valor por el que se adquirió el mismo equipo en el año 2015, ya que Edesur adjudicó su compra a Transformadores Solomón Dominicana, por un precio de RD$38,558.08 por unidad, cuando la tasa promedio del dólar en el 2018 era del 49.54 por 1, lo que equivale a US$778.32 y a US$856.46 si tomamos la misma tasa utilizada en el 2015”.

Este patrón se repitió en las tres empresas según costa en la querella de 322 páginas depositada en la procuraduría el pasado martes y en la cual se involucra a Julio César Correa, Maxy Montilla, Alexander Montilla, Juan Alexis Medina, Messin Elías Márquez, Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León, Rubén Montás, Radhamés del Carmen Maríñez, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel, Wacal Vernavel Méndez, Miguel Antonio Reyes, Peter Alexis F. Tejada y Dileisi de Jesús.

Entre las acusaciones están estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.

Los hermanos Montilla (propietarios de empresa Solomón) son cuñados del expresidente Danilo Medina, vínculo que usaron para supuestamente estafar al Estado. También se favorecían del vínculo de consanguinidad con la señora Rosanna Altagracia Montilla, quien ostentó el cargo de Directora de Servicios Financieros en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), desde el año 2004 hasta el año 2020.

Papel de Jiménez. Desde el 2012 al 2020 Jiménez Bichara fue vicepresidente de la CDEEE, y de acuerdo a la querella actuó en complicidad con el grupo citado para defraudar no solo al Estado dominicano, sino a organismos internacionales que financiaron varios proyectos para el plan de reducción de pérdidas por un monto de US$488,000,000, de los cuales US$57 fueron a parar a los acusados.

Esto se habría hecho obligando a contratistas que ganaron licitación a comprar los equipos a la empresas de los Montilla, alegando que era proveedor exclusivo.

“Estamos ante un caso de corrupción que trasciende las fronteras dominicanas, al involucrar fondos identificados hasta hoy del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), del Banco Europeo de Inversión (BEI) y del Banco Mundial (BM), organizaciones que alertaron que, de las sumas financiadas por ellas para mejorar la infraestructura eléctrica de la República Dominicana, al menos US$57,058,069.76 fueron a parar a las cuentas del cuñado del expresidente de la República Dominicana, un hecho insólito y nunca antes visto”.

A Jiménez se le atribuye haber mantenido el control absoluto de todas las negociaciones, operaciones y decisiones que hacían todas las empresas distribuidoras de electricidad.
Para su defensa el Estado apoderó a los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa.
Andrés Astacio Polanco, es el funcionario con poder especial presidencial para la querella.

ZOOM

Sin avances
“El manejo fraudulento y corrupto ha impedido un avance real en materia de reducción de las pérdidas sufridas por las mismas, y tiene una simple explicación: mientras se ejecutan obras y planes con la supuesta intención de mejorar la situación, esas obras y planes socavan cualquier posibilidad de recuperación real”, dice la querella al enumerar contratos ilegales, bienes que se compran sin necesidad y otras fallas.