En la Junta Central Electoral

Hay nubes, ojalá que de verano, asomándose a la Junta Central Electoral. Si no de verano, las nubes pueden alcanzar a los comicios 2004. El organismo ha entregado, se ha dicho que por primera vez, el padrón electoral a determinadas áreas militares. Las explicaciones ofrecidas por el juez electoral presidente y una jueza de la Cámara Administrativa, son contradictorias. Los voceros de los tres partidos principales han objetado la decisión oficial. Henry Mejía, del Pe-erredé, ha dicho que el padrón sólo compete a la Junta y a los partidos. Franklyn Almeida, del Pe-eledé, juzga inconstitucional la entrada. Víctor Gómez Bergés, del PRSC, la ve sospechosa y preocupante.

Desde la Junta se ha dicho que la entrega del padrón a instituciones públicas y privadas es usual. Sólo este año han atendido 83 de las 16 7 solicitudes recibidas, con ingresos de un millón de pesos para el organismo. Las instituciones supuestamente beneficiadas con la entrega no han sido identificadas. El presidente de la Comisión de Seguimiento Electoral, monseñor Agripino Núñez Collado, confía en que esté superada “la época cuando se ponía a los militares a participar en actividades políticas”. Demanda, al mismo tiempo, que la Junta esté revestida “de la mayor credibilidad y transparencia, para poder garantizar un proceso eleccionario diáfano”.

Esa credibilidad le ha faltado todo el tiempo a los jueces electorales. No conociéndolos, no los juzgamos. Percibimos, eso sí, la sensación de desconfianza generalizada de la población en su trabajo. Debe recordarse, que confirmado en el cargo, el juez electoral Leonel Rodríguez Espaillat renunció ipso facto. “Por la naturaleza de las funciones de la JCE se requiere un alto grado de confianza, credibilidad y apoyo de todos los actores políticos de la sociedad civil”, expresó la renuncia. Los jueces electorales quedaron marcados en las elecciones legislativas del 2002, por la denominada Operación Palito. Muchos atribuyen a ella la “victoria” pepehachista de 29 senadores que facilitaban, como en efecto ocurrió, la modificación constitucional facilitadora de la repostulación que desvela al Presidente.

En este punto, llega el pensamiento del doctor Hugo Tolentino Dipp, ex canciller renunciante de la administración: “La debilidad institucional y la cultura política de nuestro país, hacen del intento reeleccionista de cualquier Presidente de la República, una casi segura contienda comicial anegada de contratiempos y de vicios”.

El país deberá ocuparse, alguna vez, con firmeza, seriedad y perseverancia, a integrar un tribunal electoral con jueces que estén lo más alejados posible de la contaminación partidaria. No químicamente apolíticos, porque no los hay. Esa labor no puede dejarse sólo a los legisladores. Tampoco a los partidos, porque ellos son responsables de muchos de los inconvenientes habidos, siempre, alrededor o dentro de la JCE. Un juez de simpatías partidarias con el partido oficial no es libre. En momentos de decisiones difíciles pensará en el partido, o en la reacción del Poder Ejecutivo respecto de equis decisión, aparte del riesgo de familiares que sean empleados públicos.

El organismo electoral tiene pendiente de decidir la instancia elevada por el Pe-eledé en demanda de la remoción de cuatro técnicos, funcionarios de áreas sensitivas. Algunos piensan que ni siquiera si dicha instancia se decidía en pocos días había tiempo suficiente para reclutar ciudadanos confiables para el reemplazo. La decisión ha sido propuesta varias veces, y mientras más largas se le da, es menor el tiempo faltante para mayo 2004.

El ex presidente del organismo, doctor Juan Sully Bonnelly, recordó hace poco que por la Navidad, los meses de diciembre y enero son prácticamente perdidos para la organización del proceso electoral.

Está pendiente de decisión, asimismo, la impugnación hecha por los señores Rafael Bello Andino y Víctor Gómez Bergés acerca de la convención o asamblea efectuada por dirigentes reformistas que respaldan a Jacinto Peynado.

La última posposición del conocimiento de la instancia peledeísta, se originó, según ha dicho el juez electoral presidente, porque surgieron “elementos no previstos” que además son “importantisimos, y valiosos”. No fueron divulgados “por un acuerdo de discreción entre los magistrados”.

Termino con esta pregunta: ¿puede alguien decir en qué otro país existe un organismo oficial, integrado por jueces, denominado Junta?