En momentos en que está en marcha una nueva ofensiva contra la violencia delictiva en el Gran Santo Domingo, se hace impostergable enfocar paralelamente el combate a la criminalidad en otros estamentos cuya actuación es crucial para enfrentar, de forma efectiva y con drasticidad, este flagelo que tanto conturba a los ciudadanos.

La Justicia tiene que cumplir con su papel de aplicar sanciones drásticas y ejemplarizadoras a los desaprensivos que hayan participado directa o indirectamente en estas periódicas acciones delictivas que mantienen en un estado de zozobra e inseguridad a la población, expuesta a ser víctima de un atraco sin importar el lugar o la hora del día en que pueda producirse.

Mientras se despliegan en las calles las unidades militares élites para apoyar a las fuerzas policiales, en un esfuerzo dirigido a frenar y prevenir la ocurrencia de asaltos que intranquilizan a la población y que en muchas ocasiones tronchan las vidas de ciudadanos honestos e indefensos, el gran imperativo es atacar este mal de forma integral y no limitarnos a acciones reactivas.
Por ejemplo, fortalecer aún más los programas de apoyo y acercamiento a los jóvenes en los barrios, las orientaciones y asistencia a hogares que solo tienen una cabeza de familia y la creación de fuentes de empleo y oportunidades para disminuir los factores que propician la delincuencia juvenil y las tentaciones al desquiciante mundo de las drogas.

Para poder hacer su trabajo con integridad e independencia, la Justicia debe contar con una incuestionable libertad de acción, exenta de presiones y suspicacias, pero aun así sus magistrados deben estar conscientes de su obligación de actuar con rectitud porque sus actos son objeto del escrutinio público.
En consecuencia, los reclamos de justicia en cualquier caso en que se haya cometido un crimen o cualquier acción delictiva deben ser escuchados y atendidos, sin que esto afecte necesariamente la discrecionalidad judicial en la atención y tratamiento de los procesos.
En este sentido, hay que recordar aquel axioma que postula con el aval de la experiencia histórica en materia forense, que “justicia tardía es justicia denegada”, o sea que aunque los jueces se tomen su tiempo serenamente y sin festinación alguna, sobre todo en casos complejos, no pueden tampoco dar largas al punto de provocar dudas o descreimiento entre procesados y acusadores.
Por tanto, es necesario que siempre apegado a los debidos procesos de ley, no haya excusas ni provocadas tácticas dilatorias para evitar ir a los juicios de fondo, donde los casos entran en una crucial fase deliberativa.

Dada la razonable inquietud de que incidentes introducidos con el deliberado propósito de prolongar el conocimiento de las pruebas incriminatorias, puedan causar interminables retrasos, en el caso del horrendo asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, hay todo un clamor de justicia para evitar que se burle el reclamo de que los responsables de ese crimen reciban una ejemplarizadora condena.
Sin que en modo alguno se vulnere el principio de presunción de inocencia ni el derecho a un juicio oral, público y contradictorio con la observación de todas las garantías procesales para ambas partes, en el caso de Aquino Febrillet hay una justa indignación en la sociedad que no admite ningún dictamen de exculpación o atenuación de penas.

Este reclamo ha tenido un emotivo y particular énfasis en la familia uasdiana, a la que Aquino Febrillet sirvió con admirable entrega, no sólo como rector sino como consagrado profesor, condición que era para él motivo de gran orgullo y satisfacción y a la que nunca renunció por su amor a la docencia y su probada vocación de servicio. Finalmente, recordar la frase de Montesquieu: “una injusticia hecha al individuo es una amenaza a toda la sociedad”.