En la reforma fiscal la iniciativa corresponde al nuevo gobierno

En la reforma fiscal la iniciativa corresponde al nuevo gobierno

La reunión que se ha anunciado para el día 22 entre el presidente Hipólito Mejía y el presidente electo Leonel Fernández debería marcar el inicio de una etapa de concertación que permita superar el ambiente de desconcierto que sufre el país y emprender las reformas necesarias para iniciar la recuperación de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento.

Se debe esperar también que las autoridades salientes ofrezcan a la mayor brevedad todas las informaciones que requiera el nuevo equipo de gobierno para planificar sus acciones y especialmente para iniciar la difícil concertación imprescindible para la gran reforma fiscal que requiere la nación.

Corresponde al gobierno entrante encabezar la elaboración del proyecto de reformas fiscales y al saliente ofrecerle toda su colaboración para una pronta aprobación del Congreso Nacional, como demostración de la madurez política que reclama la opinión pública nacional.

[b]Expectativas de acuerdos[/b]

Las expectativas de que pueda ser superada la etapa de desconcierto que vive el país en esta larga etapa de transición están cifradas en el encuentro que se ha anunciado para el próximo martes 22 entre el presidente Hipólito Mejía y el presidente electo Leonel Fernández.

No deja de ser deplorable que esta reunión haya tenido que ser tramitada por el expresidente del gobierno español Felipe González y el eterno mediador de los conflictos dominicanos Monseñor Agripino Núñez Collado, lo que no fue necesario en la anterior transición de gobierno.

En el año 2000 la reunión entre los mismos dos líderes se produjo en el Palacio Nacional con más anticipación y sin mediación el 24 de mayo, y ambos coincidieron en calificarla como “cordial y fructífera”. Había una diferencia, y es que entonces Fernández no había sido candidato derrotado ni se había producido el nivel de enfrentamiento personal que se registró en la reciente campaña electoral.

Aunque los intercambios para la transición se iniciaron más temprano hace cuatro años, la primera reunión entre los comisionados se realizó el 6 de junio, pero el 30 de ese mes y todavía el 7 de julio el presidente en funciones del Partido Revolucionario Dominicano, Tony Raful, se quejaba de que las informaciones suministradas eran “parciales e insignificantes”, según lo recogieron los diarios HOY y El Siglo.

El 5 de julio del 2000, El Siglo publicaba una declaración de Miguel Cocco, entonces miembro de la comisión oficial de transición, según la cual “existen informaciones de carácter confidencial que las autoridades no pueden revelar”.

Pero cuatro años después y cuando se produce la tercera alternabilidad en el poder de forma consecutiva, por primera vez en la historia de la nación, hay razón para esperar un comportamiento más maduro del liderazgo político. También es lógico esperar que los que ayer se quejaban no repitan las actitudes que entonces condenaban.

Esta vez hay una razón adicional para que los líderes pongan el interés nacional por encima de las pasiones políticas, y es que ahora el país atraviesa por una de sus peores crisis económicas y urgen decisiones que permitan restablecer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del cual depende la estabilidad macroeconómica.

[b]Responsabilidad de Mejía[/b]

El primero que debe reconocer la urgencia de una concertación con las autoridades electas el 16 de mayo pasado es el presidente Hipólito Mejía, quien ha dado instrucciones a sus comisionados para que colaboren y ha pedido que no se repitan las mezquindades del pasado.

El mandatario que tuvo la hidalguía de reconocer la victoria de Leonel Fernández a cinco horas y media de cerradas las urnas, debería mantener la misma actitud a lo largo de la transición, facilitando la concertación de esfuerzos con las nuevas autoridades y ofreciéndole su activa colaboración para que encaminen las decisiones que en materia económica requiere el país.

Su responsabilidad es mayor por cuanto el desbordamiento del gasto público en la recta final de la campaña electoral produjo la suspensión del acuerdo con el FMI, y él es el presidente de la nación hasta el 16 de agosto.

Un esfuerzo particular que deberá realizar el gobierno de Mejía es el necesario para afrontar la crisis energética que afecta las actividades productivas y sociales, y que conturba el ánimo nacional y reducir los costos económicos y políticos que conllevaría su extensión por los casi dos meses que todavía faltan para la instauración del nuevo gobierno.

Una situación similar se produjo en la transición del 2000, cuando hasta veinte instituciones estatales permanecieron semanas sin energía eléctrica y el país fue un solo grito. Contradictoriamente entonces el agrónomo Mejía repetía que los generadores debían cobrar sus deudas antes del 16 de agosto, puesto que él no pagaría. Así lo consignaba HOY del 12 de junio y todos los diarios del 11 de julio.

No deja de ser deprimente que cuatro años después el país atraviese por una situación similar, como si el tiempo no transcurriese para que el liderazgo nacional asuma una actitud más acorde con la continuidad del Estado.

[b]La reforma fiscal toca al PLD[/b]

Lo mismo que planteó esta semana, a mediados de junio del 2000 el Consejo Nacional de la Empresa Privada planteó la necesidad de una cumbre del liderazgo político para discutir las reformas sociales e impositivas que requiere el país, lo que de inmediato fue acogido por el presidente y la vicepresidenta electos, según los diarios del 13 de junio.

Urgidos por la crítica situación económica, tanto el liderazgo empresarial como otros sectores han considerado ahora que toca al gobierno de Mejía buscar consenso sobre la reforma fiscal que requiere el país.

Sin embargo, debido a que esta vez las reformas demandadas son más amplias y profundas, la iniciativa debería corresponder a las nuevas autoridades, a lo que ayudaría el que como en el 2000 se adelantara la designación de los funcionarios que tendrán a su cargo la gestión económica, cosa común en muchos países.

Tal como hicieron a mediados de esta semana, las actuales autoridades tenían que entregar a las entrantes los anteproyectos de reformas fiscales elaborados, acompañados de todas las informaciones sobre recaudaciones y ejecución presupuestal del año en curso.

Lograr consenso sobre esas reformas es una tarea inmensa que requiere de las energías y la decisión de que carecen ya los funcionarios que terminan. Y son las nuevas autoridades quienes recibieron un mandato reciente y en consecuencia tienen la mayor legitimidad para negociar y decidir el curso a seguir y asumir las responsabilidades.

Nada de eso releva al gobierno de Mejía y su partido de responder a las expectativas nacionales, lo que implica absoluta colaboración en la elaboración del proyecto y sobre todo para su aprobación, ya que cuentan con el control absoluto del Senado y casi la mayoría de los diputados.

Lo ideal sería que el proyecto fuera elaborado de conjunto entre las comisiones bilaterales de transición, para lo cual se requiere un sentido de Estado que muchos sospechan que todavía no existe en la clase dirigente nacional.

Pero si se deja la responsabilidad exclusivamente en manos de quienes asumirán el poder en agosto, con más razón tendrían los perredeístas la responsabilidad de aprobar la propuesta.

Para reafirmar la circularidad de la política dominicana hay que recordar que hace 4 años los voceros del PLD planteaban que se debía esperar la instalación del nuevo gobierno para conocer las reformas fiscales y sociales que requería el país.

Lo planteó el secretario general del PLD, José Tomás Pérez, y el enlace entre el gobierno y el Congreso, José Ramón Fadul, acusó a los legisladores del PRD de “estar festinando los proyectos”. Se instruyó a los legisladores del partido morado para que no voten por las reformas “porque lo más conveniente para el país es esperar que Hipólito Mejía llegue al gobierno y opine y participe en los debates en torno a esos proyectos”, según consignan HOY y El Caribe del 10 de junio del 2000.

Por igual el gobierno del presidente Fernández se negó a ajustar los precios de los combustibles, tras los aumentos del costo del petróleo registrados a lo largo del año, que llevaron el barril sobre 30 dólares.

[b]El consenso será difícil[/b]

En cualquier caso el consenso para las reformas fiscales que requiere el país será una tarea difícil, no sólo por la precaria situación de las finanzas nacionales y de muchas empresas, sino también por los requerimientos de desmonte de los aranceles aduanales que conlleva el tratado de libre comercio pactado con Estados Unidos.

Solo los subsidios a la electricidad y el gas propano suponen unos 15 mil millones de pesos anuales. El pago de la deuda externa demandaría 10 mil millones de pesos adicionales a lo previsto para el año en curso, por efecto de la devaluación, y los intereses de los certificados financieros emitidos por el Banco Central tras las quiebras bancarias implican por lo menos otros 25 mil millones de pesos. Esos tres renglones totalizan 50 mil millones de pesos.

La tendencia predominante es buscar una solución no fiscal a los intereses de los certificados financieros, pero para restablecer el acuerdo con el FMI hay que identificar una fuente razonablemente viable.

Arriba de eso, la presidenta del CONEP, doña Elena Villeya, planteó en su discurso del miércoles en la Cámara Americana de comercio que deben suprimirse los impuestos transitorios del 2 y el 5 por ciento a las importaciones y exportaciones y dejar como simple anticipo el impuesto mínimo del 1.5 por ciento a la renta de las grandes empresas, además de desmontar el recargo cambiario a las importaciones y eliminar todo impuesto a los bienes de capital y las materias primas.

Todo eso no se suple con la ampliación de la base del Itebis, ni que lo universalicen, y con la mejoría de la administración tributaria. Nadie cree tampoco que el nuevo gobierno ni ningún otro pueda afrontar decididamente los 175 mil empleos que según la presidenta del CONEP tiene en exceso el Estado, cuando tendrá la demanda de trabajo de decenas de miles de sus militantes y simpatizantes. Un éxito sería que congelaran la nómina pública.

El aumento de sueldos que hasta el CONEP considera debe incluirse en las discusiones, demandará también mayores recursos fiscales.

La situación, sin duda, demanda una gran concertación y un liderazgo que sólo lo tiene ahora mismo el presidente electo, doctor Leonel Fernández, cuyo discurso fue el que generó más de 2 millones de voto el pasado 16 de mayo.-

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