En mandarín, crisis se representa con dos ideogramas,“Wei” (Peligro) y “Ji” (Oportunidad). Ahora enfrentamos una crisis sin precedentes con tres manifestaciones que se refuerzan entre sí: Crisis de salud, económica y moral.

La pandemia surgió aquí cuando ya las otras dos crisis, la moral y la económica presagiaban el “peligro” de una confrontación social que se diluyó con el triunfo y juramentacióndel gobierno del “Cambio”, que ya estabilizó los contagios y contrató 10 millones de vacunas contra el virus.

La excesiva deuda generada aun antes de la pandemia y sus astronómicos intereses y amortizaciones inducen a materializar la“oportunidad” creativa de “Alianzas Público Privadas”.

Los compromisos heredados obligan a que los presupuestos sigan siendo deficitarios, pues la recaudación se reduce y la demanda de fondos crece, máxime que la pandemia provoca que la salud y la educación tengan que ofrecerse bajo condiciones críticas que demandan montos nunca antes previstos.

El gasto será cada vez más eficiente, pero aún así las recaudaciones serán inferiores a los desembolsos. Habrá déficit, no superávit y el Estado no podrá seguir cubriendo huecos solamente con muchas nuevas deudas. Por falta de ahorros, tampoco podrá contar con fondos para invertir, por sí solo, en infraestructura y empleos productivos.

La conclusión es obvia: los instrumentos fundamentales para relanzar y reestructurar la economía son APP y licitaciones para otorgar contratos para que el sector privado oferte múltiples servicios a la sociedad. La venta de activos estatales constituye una valiosa salida coyuntural, de una sola vez, no repetible.

En cambio, las APP y las concesiones son soluciones estratégicas permanentes y repetitivas a corto y a largo plazo para captar inversiones nacionalesy extranjeras que crecerían en espiral, siempre y cuando sean gestadas, otorgadas y operadas de manera pulquérrima para que los mercados se convenzan de que ya se superó la infame etapa del “hombre del maletín”.

El Gobierno está en manos de una nueva generación de funcionarios sin vínculos con el sombrío pasado y que de seguro estarán alertas para no repetir el otorgamiento de contratos estatales a funcionarios públicos electos que formen parte del poder legislativo, judicial, municipal y electoral y, sobre todo, a funcionarios nombrados por el ejecutivo.

Atención especial debe ponerse al cabildeo, que aquísirvió a la colusión y la prevaricación.
El “lobby” surgió en EUA y se reguló tomando como fundamento la “Primera Enmienda” de la Constitución y lo ejercen ciudadanos privados regidos por la Ley de Divulgación de Cabildeo, “Lobbying Disclosure Act”. Las actuaciones de particulares, defensores de intereses privados que se beneficiarían con decisiones de organismos de gobierno, son de dominio público.

Importantes grupos internacionales desconfían y rechazan invertir aquí. Eso debe ser revertido por el “Cambio”, sabiendo que no hay una segunda oportunidad para crear una primera buena impresión. Al debutar con una APP o licitación exitosa los mercados catapultarán el prestigio del país y lloverán copiosas y sanas inversiones. Lo opuesto podría convertirnos en parias.

Para reforzar la legalidad y la legitimidad de las APP y de futuras licitaciones, los funcionarios no deben participar en concursos sometiendo ofertas ni defendiendo las propuestas de entidades privadas.

Los electos en los comicios de marzo y julio, y quienes hayan sido favorecidos por un decreto del Presidente Abinader deben abstenerse de actuar como promotores o cabilderos ante entidades convocantes de concursos o estructuradoras de APP, pues violarían la ley y traicionarían la confianza depositada en ellos por el Presidenteal actuar a favor de intereses privados, legítimos y loables si son defendidos por particulares, pero no lo son si los promueven funcionarios que desnaturalizarían su rol de defensores del interés público.

La Dirección General de Contrataciones Públicas, DGCP y las entidades que organicen licitaciones deberían exigir que en cada oferta se declare, bajo fe de juramento, que no usan ni usarían como partícipes de las mismas a personas electas o nombradas en el sector público, pues violarían la ley.

El presidente Abinader decidió que sus propios actos de gobierno también estén sometidos al escrutinio de Transparencia Internacional y los funcionarios que él nombró por decreto en la burocracia estatal, o como sus asesores, deberán seguir su ejemplo moralizador y se abstendrán de presentar una imagen pecaminosa haciendo ofertas como suplidores, o promoviendo propuestas privadas ante organismos públicos.

La ley terrenal lo prohíbe y también la ley divina, como lo expresa Lucas 16:13: “Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas”.