POR GERMAN MARTE
En los últimos dos años no ha habido avance en materia de lucha anticorrupción en el país, y por el contrario sigue imperando la impunidad en beneficio de aquellos funcionarios implicados en robos contra el Estado, de acuerdo con la valoración de Participación Ciudadana.

«Nosotros hemos podido apreciar que no hay avances importantes en materia de decisiones respecto a funcionarios implicados en hechos de corrupción», expresó Javier Cabreja, director ejecutivo de PC. Entretanto, Miguel Peñailillo, dijo que en República Dominicana, como en otros países de la región, existe una gran debilidad para pasar de las palabras a la acción en la lucha contra la corrupción.

 Peñailillo es un experto anti-corrupción de Transparencia Internacional.

Cabreja manifestó que a pesar de los esfuerzos que se hacen a nivel de la justicia, los procesos judiciales contra ex funcionarios, los ex banqueros y los narcotraficantes siguen siendo muy accidentados y la justicia sigue siendo muy ineficientes, «y esto hace que los corruptos sigan amparados en el sistema de impunidad que sigue reinando en  República Dominicana».

El director ejecutivo de PC abogó por mayor agilidad por parte de la justicia, sin descuidar la calidad en el proceso que se les sigue a los implicados en los fraudes bancarios y los ex funcionarios corruptos.

Peñailillo y Cabreja ofrecieron sus declaraciones al participar en un taller de capacitación sobre la Convención Interamericana Contra la Corrupción y Herramientas para la Elaboración del Segundo Informe Alternativo desde las organizaciones de la sociedad civil, que será presentado en mayo ante el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención.

Cabreja dijo que el objetivo del taller es que PC junto a Finjus, el Centro Juan Montalvo y otras organizaciones de la sociedad civil puedan elaborar un informe alternativo sobre la lucha anticorrupción en el país ante la OEA.

Precisó que los únicos avances registrados han sido en el aspecto legal, ya que se aprobaron la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y la Ley de Contratación de Obras, Bienes y Servicios del Estado.

Sostuvo que al Estado dominicano le ha faltado voluntad política para llevar a cabo una lucha efectiva contra la corrupción. Dijo que hay expedientes de corrupción que siguen dormidos, que no avanzan como es el del caso PEME, en el cual están implicados varios funcionarios importantes del gobierno, así como los casos de funcionarios del gobierno pasado y los fraudes bancarios.

Añadió que la falta de voluntad política para enfrentar la corrupción se expresa también en la falta de apoyo al Departamento Contra la Corrupción y la Procuraduría General de la República, que no cuentan con los recursos financieros y tecnológicos para una lucha efectiva contra ese flagelo.

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Peñailillo manifestó que es bastante fácil escuchar discursos, pero es bastante difícil ver hechos concretos y resultados, pero esa es una debilidad, no sólo de República Dominicana, sino de varios países de la región; sin embargo, señaló, hay naciones que si muestran hechos, lo cual demuestra que es posible hacer algo.

Manifestó que en muchos países, incluida República Dominicana, hay un estancamiento en relación a las reformas necesarias para profundizar la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Aseveró que según los indicadores del Banco Mundial, República Dominicana está por debajo del promedio de la región en cuanto a la lucha contra la corrupción, rendición de cuentas, y eso es «grave».

LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

De acuerdo con el experto internacional, es incorrecto que sean los funcionarios del gobierno quienes decidan qué es público y qué es privado, porque eso sólo lo debe establecer la ley.

Adujo que de acuerdo con la Comisión de Experto de la OEA la definición de qué documento es secreto no puede quedar en manos de la autoridad pública. Incluso para alegar razones de seguridad nacional hay que tener sumo cuidado, y tiene que ser una definición muy restrictiva, porque la regla general es el libre acceso a la información.

CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD Y POBREZA

De acuerdo con Peñailillo, hay una relación directa entre corrupción, impunidad y pobreza. Sostuvo que por esencia la corrupción es un atentado al principio de igualdad de las empresas y las personas, porque genera un privilegio ilegítimo a favor de aquellos que tienen más dinero o medios ilegítimos para corromper a los funcionarios públicos.

Dijo que en algunos países pobres, como México y Bolivia, la población más pobres gasta hasta el 20% de sus ingresos en pagos de sobornos para obtener servicios de  Salud y Educación.