En provincias  de riqueza histórica y cultural y de valiosas tradiciones como Santiago y La Vega, el ordenamiento territorial llegó a lo máximo. Poseen el número de municipios, distritos municipales y parajes que corresponden a la forma en que sus sociedades se agrupan e interactúan. Colectividades diversas con su régimen de vecindad y sentido de pertenencia. ¿Para qué venir de repente a modificar estatus geopolíticos con desmembramientos de jurisdicciones? La creación de nuevos municipios siempre se hace a costa de mutilar a los que ya existían. En ese curso vicioso ya en este país se llegó demasiado lejos.

La elevación de categoría geográfica de comunidades ha sido tenazmente aspirada y lograda por facciones partidaristas. La primera consecuencia que tiene el logro de ese objetivo es  multiplicar empleos  de importancia regional, agregando más y más consejos edicilios y alcaldías. Unos  cargos favoritos del clientelismo. Con esas jerarquías adicionales vienen aparejadas múltiples burocracias para que más activistas políticos puedan ingresar a la gracia del Fisco. A causa de esa expansión  de los aparatos municipales no es poca la gente   que cobra a costa de los contribuyentes; cobran mucho más que el común de los asalariados del país y lo hacen aunque trabajen mal, trabajen poco o trabajen nada. Los sectores más representativos de Santiago y La Vega se han levantado contra esa pasión “separatista”. Valga el ejemplo.

Por una decisión de lo salarial hoy

Los bajos salarios  en que los empleadores mantienen a la mayoría de los trabajadores del país -y que se han negado sistemáticamente a  acercar siquiera al mínimo para que puedan  vivir decentemente- han ido cargando de presión a la sociedad últimamente y si hoy no se logra establecer un acuerdo entre las partes sindical y patronal en el marco del Comité Nacional de Salarios, amplios sectores van a sentirse  muy defraudados y van a presumirle a este país un futuro  lleno de riesgos.

 Entre lo que ya resignadamente acepta el sector de los asalariados, que es un aumento al salario mínimo de un 17%, y lo que ofrecen los empleadores, que sería de un 12%, la distancia es notablemente corta. Al comienzo del proceso negociador había un abismo entre las posiciones. Por justicia hay que pagar mejor el trabajo. Y además aumentar el  poder adquisitivo  es imprescindible para dinamizar la economía.