Las consultas electorales del 2020 obligan desde ya a poner atención sobre aspectos institucionales, incluyendo la diversidad de fórmulas legales a emplearse para escoger candidatos. Los organismos electorales de carácter organizativo y los contenciosos, así como el Congreso y los propios partidos, tienen objetivos pendientes de los que mucho dependería que el país arribe a los torneos en un clima de confianza en la efectividad del sistema como garantía de que el fallo que emane del electorado no conduzca con exceso a sobresaltos por impugnaciones y pataleos que de estar bien fundados podrían traducirse en crisis política post electoral. A tiempo debe llegarse a lo definitivamente juzgado a partir de recursos de inconstitucionalidad elevados contra aspectos de la ley de partidos o por disputas interpartidarias. Además, si no es definitiva todavía la ley que apoyará a la Junta Central Electoral en sus facultades, persiste una insuficiencia institucional que debe ser superada tomando en cuenta los criterios ya aportados por el propio organismo.
En esta etapa preparatoria las partes deben asumir posiciones que atenúen los riesgos que conlleva la rápida sucesión de votaciones para una multiplicidad de cargos y una astronómica cifra de aspirantes que obligarían a unos conteos de gran complejidad con asignación de resultados por regiones e individualidades. Es la JCE la que mejor sabe todo lo que eso significa.

Una “Boca” mal alimentada

Boca Chica siempre tiene quien le escriba, pues se la pasa generando crónicas sobre sus atractivos naturales, precariedades urbanísticas y problemas comunitarios. Lo que su ayuntamiento no tiene es quién provea suficientes recursos para servir a la comunidad a pesar de su importancia turística. Por ahí comienza su pobreza: El Estado es generoso en exenciones y tiene liberados de cargas fiscales, incluyendo arbitrios de legitimidad municipal, a los negocios de vacacionistas. Su presupuesto no refleja las riquezas de la industria sin chimenea. Otra negación de ingreso tiene también que ver con el Estado; este cabildo, como otros del país, es víctima del centralismo acaparador y presidencialista de tributos. Las asignaciones presupuestarias no van, ni remotamente, acorde con la magnitud de obligaciones de los gobiernitos locales.