A pesar de los esfuerzos realizados por periodistas que cubren el sector eléctrico, no se ha logrado que funcionario alguno explique las razones por las cuales los funcionarios encargados de esa área firmaron un acuerdo con los generadores para desconocer los derechos legales de los autogeneradores o clientes no regulados.

El acuerdo, firmado el 11 de febrero pasado y que se mantuvo oculto hasta que el periódico tuvo acceso, de manera extraoficial, a una copia, establece gestionar la suspensión de la exoneración de combustible, establecida por ley, para el combustible utilizado en la autogeneración de electricidad.

Además, plantea la suspensión de nuevas calificaciones para usuarios no regulados.

El administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), uno de los funcionarios que aparecen como firmantes del acuerdo, negó a través del director de prensa de esa entidad, Luis José Chávez, que tenga responsabilidad en ese acuerdo.

Sánchez afirmó que corresponde a otras instancias del gobierno la responsabilidad por las medidas relativas a los combustibles.

Ante esa situación, reporteros de Hoy trataron de obtener una reacción del secretario de Finanzas, Rafael Calderón, quien también aparece firmante del acuerdo; pero a pesar de los esfuerzos reiterados que se hicieron, no fue posible localizarlo.

Incluso, la periodista Fior Gil contactó a uno de los incumbentes del Departamento de Relaciones Públicas de Finanzas, a quien se le pidió que comunicara al secretario de Finanzas el interés de conocer su opinión sobre el señalado acuerdo.

Aunque se prometió que se contactaría al funcionario para retornara la llamada, esto no se había producido hasta ayer en la tarde.

También se intentó una comunicación con el superintendente de Electricidad, George Reynoso, pero en ese organismo se informó que el funcionario se encuentra en el exterior.

La revelación sobre el contenido del acuerdo suscrito entre el gobierno y los generadores ha causado alarma en el sector empresarial del país.

De ejecutarse el señalado acuerdo, se cambiaría las reglas de juego en que se han apoyado unas 53 empresas del país, que han hecho inversiones por un monto superior a los 240 millones de dólares, para autogenerar más de 200 megavatios.

Las empresas dominicanas hicieron esas inversiones al amparo de Ley de Hidrocarburos, que establece la exoneración para combustible utilizado en autogeneración, así como de la ley general de electricidad.

El acuerdo de marras fue firmado el 11 de febrero pasado por el secretario de Finanzas, Rafael Calderón; el administador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero César Sánchez; el superintendente de Electricidad, ingeniero George Reynoso; Rolando González Bunster, de la empresa generadora Haina; Mark Tracey, de la generadora Itabo; Marcos Cochón, de la Compañía de Electricidad Puerto Plata, y Julián Nebreda, de Aes Andrés y Distribuidora de Electricidad del Este.

Diferentes asociaciones empresariales del país han cuestionado ese acuerdo y han advertido que su implementación cambiaría las reglas de juego y dañaría cuantiosas inversiones hechas por empresas dominicanas, al amparo de la legislación vigente.

La Asociación de Industrias advirtió que ese acuerdo sería ilegal y violatorio del ordenamiento jurídico del país.

El ex-presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, Ignacio Méndez, y el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, José Ernesto Sánchez, afirmaron que ese acuerdo atenta contra inversiones hechas por muchas empresas en autogeneración y constituye un irrespeto a leyes vigentes, establecidas por consenso.

ANJE también advirtió que cualquier acuerdo que pretenda desconocer los derechos de los usuarios que califican como clientes no regulados estaría viciado de nulidad.

La Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos se sumó ayer a las instituciones empresariales que han cuestionado el acuerdo.

Su presidente, ingeniero Luis Moquete, dijo que es acuerdo es parte de una «nueva estratagema de las empresas generadoras para aumentar su rentabilidad».