La calidad de obras levantadas por el Estado, y la forma en que resultan asignadas para diversos propósitos, despiertan cíclicas preocupaciones que obligan a demandar que los organismos de control instituidos cumplan su papel con transparentes resultados. Entre otras, ninguna escuela, carretera, sede de oficinas, puente, canal de riego u hospitales -estos últimos de notable récord de reformulaciones y corrección de fallas- debe escapar al rigor de protocolos de comprobación sobre el uso dado a recursos públicos. Ningún resquicio u omisión supervisora debe propiciar lesiones al patrimonio público.

La certificación de rectitud en la contratación para construcciones, adquisiciones y prestación de servicios a la colectividad debe llegar puntualmente ante los ojos del país. Que conste la adhesión a requisitos sobre licitaciones de pleno acceso a concursantes, jamás acomodadas para favorecer a alguien en particular, suspicacia que viene al caso. No puede quedar fuera de examen la aplicación de normas antisísmicas actualizadas ni de las tecnologías que correspondan a cada proyecto. En adición a las obligaciones de entidades ordinarias, el capítulo 6 ordinal B de la ley que crea el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores reza: Servir como guardián del interés público y actuar como asesor del Estado en los asuntos de su competencia. Cumpla con dinamismo ese objetivo.

Voraz ataque a la plusvalía

El «pillaje» que se está llevando a cabo sobre terrenos del CEA en el área del municipio de Sabana Grande de Boyá ha herido la sensibilidad de la alcaldesa Bertilia Fernández, invitada al espacio de este diario «Hablan los Alcaldes». Le preocupan que no llegue el asfalto prometido por Obras Públicas para reparar calles y el tener que hacer de tripas corazón para servir a su comunidad con la partida presupuestal mutilada de tres millones y pico de pesos mensuales.
Pero su exposición se llenó de pesares por haber visto a codiciosos militares de alto rango y a civiles poderosos apropiándose de tierras del malogrado Consejo Estatal del Azúcar sometiendo a un despojo masivo a campesinos que en ellos sembraban para vivir, predios que cobraron valor con la autovía del Nordeste. Aquello duele ante la presencia de Dios; no del Gobierno.