POR CLAUDIO CABRERA
Vueltas tras vueltas, por más aplicaciones dadas a los diferentes proyectos de reforma fiscal, la verdad elocuente es que los intentos por redistribuir la carga impositiva sobre diferentes sectores y tratar de mejorar la inequidad característica de nuestro régimen contributivo, el sistema fiscal dominicano seguirá apoyado en un reducido grupo de gravámenes, sobre todo en el Itbis.

El gatillo que disparó los debates para esta reforma fiscal, lo constituyó la crisis de liquidez en las arcas estatales que empezó a despuntar a principios del año 2001 y que precipitó la acción del gobierno pasado, para poner en tensión los mecanismos que condujeran a estos cambios.

Situadas las cosas en un nivel en que la crisis llegó a su punto más álgido y cuando ya la oposición percibía la erosión que al gobierno le causó el estallido de la crisis financiera, todos los partidos pensaban en un proyecto de reforma para que una vez llegada la hora de asumir el Poder, iniciar los preparativos para la nueva legislación de consenso.

Pero el pivote lo constituyó el primer proyecto de reforma fiscal puesto en marcha por las pasadas autoridades, cuando ya era claro que los ingresos fiscales debían ser incrementados sustancialmente para atender las necesidades de gastos del gobierno.

Producto de estas preocupaciones, al final de diciembre del año 2003 las autoridades de entonces pudieron disponer del primer proyecto ordenado sobre la reforma fiscal, denominado “Ajuste Fiscal para el Crecimiento Sostenible”.

El documento fue elaborado conjuntamente por varios economistas, entre ellos Glenn P. Jenkins y Chun-Yan Kuo y por el economista local Héctor Guilliani Cury, asistidos por un grupo de economistas del Banco Central y del Departamento de Estudios Económicos de la Secretaría de Finanzas.

A partir de este estudio básico y referencial, toda una suerte de nuevos estudios focalizados, a su vez, sobre los diversos componentes del sistema impositivo dominicano, comenzaron a salir a la luz.

Las recomendaciones alcanzaron precisamente a señalar la necesidad de cambios en lo referente al Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) para elevarlo en un determinado porcentaje, o bien asumir un incremento en el universo de productos no gravados hasta ahora.

También, sobre la necesidad de incrementar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las corporaciones y de elevar la base mínima imponible para el cobro del ISR a las personas físicas, con el objeto de mejorar el poder adquisitivo de los asalariados y empleados.

Igualmente, se ponderó la necesidad de introducir mejoras para aumentar los Impuestos Selectivos al Consumo (ISC) aplicados a los derivados del tabaco y de los alcoholes, tanto de producción local como importados.

Lo mismo puede afirmarse con relación a los aranceles, para lo cual se proponía una rebaja sustancial en vista de los próximos acuerdos de libre comercio a ser pactados, así como a los impuestos aplicados a las propiedades inmobiliarias, a las telecomunicaciones y a la publicidad.

  ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN?

Tras evaluar la situación actual, la empresa consultora Grant Thorton, radicada en el país, refiere que “el aspecto recaudatorio de la mencionada ley descansa fundamentalmente en el aumento del Itbis del 12% al 16% y las modificaciones e inclusiones de los impuestos selectivos. La ley contiene una serie de disposiciones orientadas a disminuir la evasión fiscal y simplificar algunos tributos”.

Al describir los resultados del nuevo proyecto, Grant Thornton resalta que en lo relativo a las reorganizaciones de sociedades, fue eliminada la posibilidad que tenían las empresas envueltas en un proceso de reordenamiento, de trasladar pérdidas fiscales a las entidades continuadoras de los fondos de comercio en fusión.

“Esta medida pudiera ser ineficaz en cuanto a su objetivo recaudador, al quedar disponibles de otros mecanismos que permite el código tributario”, agrega la entidad, al tiempo que observa que esta reforma dejó intacto el período de 3 años para las deducciones de pérdidas.

Los cedazos

Tomando en cuenta que el Itbis seguiría siendo el caballo de batalla del sistema impositivo dominicano, el Departamento de Estudios Económicos de la Secretaría de Finanzas efectuó un estudio en febrero de este año sobre el “Potencial Fiscal y Equidad: Elementos para la Discusión del caso Itbis”, el cual hacía varias recomendaciones sobre el impacto social y económico de dicho gravamen.

Otro estudio complementario de Finanzas fechado en abril del 2004, se refería a las “Consecuencias Recaudatorias del Cambio en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los Alcoholes y Productos del Tabaco”, parte de cuyas recomendaciones salieron a relucir al momento de asumir el nuevo proyecto de reforma.

Un último Proyecto de Reforma Fiscal, presentado al final de la administración anterior, fue elaborado por la Fundación Economía y Desarrollo, mediante encargo del gobierno a través del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas.

Aparte de estos proyectos, previo a asumir el Poder, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció que disponía de un nuevo proyecto, el cual lo iba a discutir con las autoridades salientes para presentarlo ante el Congreso Nacional.

Dicho proyecto de reforma fiscal fue presentado en agosto pasado, tomando como elemento nodal un incremento de las recaudaciones a partir del alza porcentual de la carga del impuesto Itbis desde un 12% hasta un 16%, con fines de recaudar sobre los RD$10,000 millones, así como otros gravámenes (ISC, Inmobiliario, ISR, publicidad y transacciones mediante cheques), el cual finalmente fue aprobado para entrar en vigencia el primero de este mes, con la aspiración de recaudar RD$19,000 millones al año 2005, igual a un 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI).

Esta última versión de un proyecto de reforma fiscal, fue lo que al final quedó tras la aplicación de un “cedazo” a los diferentes proyectos que en sentido general, tenían grandes diferencias de criterios al momento de aplicarlos.