En perjuicio de  ambos lados

Un conflicto entre  transportistas haitianos y dominicanos ha paralizado considerablemente el acarreo hacia y desde el país a través de la frontera en un marco de tensiones y presagios de violencia. Las consecuencias son desde ya de importantes daños para el comercio y los consumidores. Sería absurdo, como pretende un desenfrenado grupo haitiano, que los camioneros locales no puedan llevar toda  su carga hasta el interior del vecino país a menos que paguen “peaje”, como sería absurdo tratar de imponerles la misma limitación a vehículos haitianos. Detrás de este impasse hay mucho de falta de autoridad en Haití. Ni en este país (donde a veces los transportistas pretenden ejercer monopolios) ni en aquel,  los que mueven carga pueden  estar como chivos sin ley.

Este enfrentamiento de intereses debe ser resuelto de Estado a Estado. Los gobiernos deben fijar reglas equitativas y respetuosas del libre intercambio entre dos economías que se complementan y se necesitan. Las partes negociaron y no se entendieron. Ahora que la autoridad se imponga y proteja  con la fuerza, de ser necesario, toda operación de lícito comercio a través de ambos territorios.

Persistencia  en los abusos

 Los mecanismos de  vigilancia sobre operaciones  de centros privados de alegada protección a la niñez tendrán que ser fortalecidos y puestos en máxima eficiencia, paso que debe darse con urgencia. Hace pocos años el país vivió la pesadilla causada por las revelaciones sobre abusos sexuales a niños  acogidos en un local con apariencia externa de asilo de fines nobles para los desamparados.

Ahora estalló el caso de Lucerna, donde un individuo con aspecto de manso protector está ahora acusado de violar a varios niños en un cerrado local privado que los vecinos suponían lugar para el bien y la oración. Informes indican que el operador de tal “refugio” estuvo antes incriminado por hechos similares… y pudo volver a sus andadas. La impresión que causan estos episodios  es la de que en el país  cualquier fachada puede ocultarle a la sociedad  las peores vagabunderías en perjuicio de la niñez, sobre todo de la desvalida; de huérfanos y otras criaturas  echadas al abandono. El Estado debe demostrar que puede ejercer  un estricto control sobre cada local con apariencia de albergue.