En perjuicio de la credibilidad

El cruce de informaciones personales y empresariales para detectar incumplimientos con el fisco es un mecanismo práctico y legítimo para hacer efectivos los cobros tributarios, no solo en materia de renovación de permisos para la circulación vial. También para descubrir en beneficio de la función recaudadora los consumos conspicuos de gente muy adinerada que evade y elude importantes tasas. La pobreza de recursos de Estado para cumplir fines diversos, incluyendo los sociales, tiene mucho que ver con defraudaciones de alto nivel, aunque además el propio Gobierno, con notables opacidades en el gasto, se resta calidad moral como recaudador, con acentuación de la desconfianza ciudadana en períodos electorales por unos clientelismos y populismos desaforados.

El vínculo establecido entre el tributo por placas de vehículos y la pérdida del derecho a renovarlas por no honrar multas de tránsito ha sido lesionado. La DGII ha tenido que renunciar por este año a aplicar la restricción tras el escándalo surgido por denuncias de alegada falsedad de contravenciones, nunca levantadas, según numerosos dueños de vehículos. Habría un tollo allí. Falta investigar a fondo la presunción de que agentes de la Digesett se lanzaban a las calles sin frenos en los bolígrafos y talonarios de multas. Faltaría certificarlas con indagación independiente. La fe pública que debe caracterizar a guardianes de la ley está cuestionada.

Libertad para toda prensa

Las honras pueden salir a defenderse mediante la obligada oportunidad de rebatir y reclamar reparaciones con versiones contrarias a noticias o comentarios que suscitan objeción, con derecho a la palabra de quienes se aleguen afectados. Ninguna acción de autoridad o de iniciativa privada debe disminuir, directa o indirectamente, el libre ejercicio periodístico, existiendo lo que la propia ley permite para, de manera expedida, hacer valer argumentos, desmentir con pruebas o recurrir a vías judiciales o de conciliación. La labor periodística de Marino Zapete llena un cometido con denuncias y opiniones de significativa dureza; pero él no hace más que ejercer un derecho reconocido constitucionalmente y su participación en la gama de tribunas a disposición de la sociedad no debe quedar silenciada sumariamente a partir de disgustos particulares.