Loyda Peña 
Además de que los preparativos para la persecución los hizo a última hora, la procuraduría general mantiene un hermetismo en torno a las denuncias sobre delitos y crímenes que ha recibido, las investigaciones que realiza sobre las mismas, y si ha remitido alguna al Tribunal Superior Electoral (TSE).
Con excepción de la denuncia que sometió el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otros tres casos que le refirió la Junta Central Electoral (JCE), y que involucraban a un funcionario, un senador y una alcaldesa, se desconoce cuántas otras han llegado al organismo persecutor; cuántas se investigan y cuántas han sido descartadas por falta de méritos.
No se conoce que la PGR haya citado al director del Departamento Aeroportuario Marino Collante; al senador Felíx Vásquez o a la alcaldesa de Esperanza Ana Jaqueline Peña Sánchez, para interrogarlos sobre los vídeos en los que supuestamente profieren amenazas a empleados públicos induciéndolos a votar por determinados candidatos municipales.
Hackeo a voto automatizado. Por fuentes oficiosas se supo que el Ministerio Público fue quien actuó en el allanamiento que se practicó la madrugada del pasado domingo al técnico de la empresa de telecomunicaciones Claro Manuel Antonio Regalado Martínez, quien le habría informado al coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, jefe de la escolta del candidato presidencial Luis Abinader, sobre supuestas “maniobras” con los equipos del voto electrónico.
Aunque otras instituciones vinculadas con ese tipo de investigación, como la Policía y la Dirección de Investigaciones Criminales (DNI), ofrecen algunos detalles sobre el curso de esos procesos, la PGR mantiene silencio absoluto. Cuando los periodistas que cubren las incidencias noticiosas de la PGR en procura de información indagan al respecto, la respuesta de la directora de comunicaciones Julieta Tejada es la misma: “se está investigando”.
