El ideal de que el proceso reformador de legislaciones puesto en las expectativas del país esté basado en conciliaciones y amplitud de consensos y pactos convoca inevitablemente a debate a una diversidad de posiciones para lo cual no debe flaquear la buena voluntad de todo el que crea en la pertinencia de los cambios.

Constrúyase con participación, no con ausencias, la forma definitiva que asumiría cada innovación institucional en el gran foro forjador que viene al caso y en el que deberían brillar, por las vías que fuere, los conceptos disímiles y enriquecedores sin que nadie eluda sus obligaciones con la República.

Con el poder de su neutralidad y magistratura moral ha dado un paso al frente «El Defensor del Pueblo», ente de absoluto compromiso con el destino de esta nación. Llamado, por sujeción a mandatos constitucionales, a ser garante de que ninguna modificación de impacto escape a la pluralidad de exposiciones imprescindible para ser recibida con confianza por la sociedad ahora abocada a ser regida por esquemas diferentes, primordialmente en las materias: fiscal, laboral y de Seguridad Social entre otras; además de pretenderse tocar la Carta Magna, asignándosele una controversial prioridad.

En su rendición de cuentas del 2023 ante el Congreso el Defensor del Pueblo reafirmó con resultados positivos el apego a su misión de elevar permanentemente la voz en favor del respeto a los derechos de la colectividad ante poderes e intereses particulares.