Un reciente intercambio de declaraciones entre el director del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Andrés Vanderhorst,  y el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Manuel Díez Cabral, nos obliga a llamar a un concierto de voluntades para mejorar las expectativas de nuestras empresas en el esquema de mercados abiertos.

Si razón tiene el director del CNC cuando observa que los empresarios deben aprovechar la Ley de Competitividad e Innovación Industrial, razón también tiene el presidente de la AIRD cuando reclama que sea aprobado el reglamento y las normas que complementarían las facilidades que otorga esa ley.

La competitividad solo es posible cuando las innovaciones tecnológicas, las estrategias  administrativas de las empresas y las pautas oficiales facilitan que nuestros productos ingresen  a los mercados de destino con ventajas comparativas que compensen todos los esfuerzos agotados para esos fines. Se trata del efecto de todo un concierto de voluntades empujando en una misma dirección. Para que haya competitividad efectiva, las políticas oficiales y las estrategias empresariales tienen que lograr neutralizar las adversidades en los mercados en que compiten los productos. Los empresarios deben esforzarse e innovar, estimulados por las reglas de juego. Se requiere un concierto.

La ley de los encapuchados
No sabemos, a ciencia cierta, en qué estaban ocupadas las autoridades de San Francisco de Macorís la noche del lunes, en vísperas de una huelga, pero está claro que no era en asuntos de prevención o cosas parecidas. Si esa noche personas encapuchadas cometieron nada menos que trece asaltos a mano armada, no hay duda de que las autoridades estaban en todo, menos en el cumplimiento de su deber.

Son estas ocurrencias las que motivan que la gente, que paga con sus impuestos los salarios de las autoridades, se sienta insegura, a merced de la voluntad de indeseables que pueden darse el lujo de salir encapuchados a tomar lo ajeno por la fuerza. No extrañaría que, igual que en otras oportunidades, estas quejas hieran susceptibilidades de gente que debería trabajar en la prevención del delito, sobre todo en vísperas de huelgas, y retribuir al Estado por la paga que recibe. La seguridad ciudadana depende de la voluntad de la delincuencia.