Republicanos de la Cámara de Representantes incluyeron en el proyecto de ley llamado prioritario del presidente Donald Trump un impuesto especial del 5 por ciento sobre las transferencias de remesas, que afectaría a inmigrantes que envían dinero a sus familias en sus países de origen.

El rechazo de México a la propuesta, tanto de parte del Poder Legislativo como del Ejecutivo, fue inmediato.

Y la República Dominicana debe hacer lo propio.

Son muchas las razones que avalarían la repulsión del país a esa iniciativa.

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República Dominicana recibió remesas por un total de US$10,756.0 millones, de los cuales el 80.3%, o sea, 8,637.1 millones de dólares provinieron de Estados Unidos. Si a esa suma aplicamos el 5%, tendríamos que la tajada que se llevaría el Gobierno estadounidense de nuestras remesas sería de 431.5 millones de dólares, lo cual haría un hoyo significativo a nuestra balanza de pagos y también tendría un impacto negativo para el bienestar de las familias receptoras.

Por el peso que tienen las remesas en la economía dominicana (8.6% del PIB), el gravamen podría debilitar la confianza de inversionistas internacionales en la región.

Hay otras razones que podrían servir de combustible para encender la llama de nuestra objeción, como la de que estaríamos ante una doble o una triple tributación, pues la mayor parte de esas remesas ya pagó impuestos cuando el ingreso fue ganado por el inmigrante en Estados Unidos. Además, cuando son recibidas en el país esas remesas se utilizan para compras que pagan altos impuestos al consumo (Itbis y selectivo).

También habría consecuencias institucionales: el impuesto podría empujar al inmigrante al escoger la informalidad para hacer llegar su aporte a la familia, afectando la trazabilidad y la transparencia.

Igualmente, el impuesto también constituiría un desincentivo al inmigrante para emplearse en Estados Unidos, pues como afirma Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, “una de las principales razones por las que la gente viene aquí es para trabajar y enviar dinero a casa y si eso es mucho más difícil de hacer, se vuelve menos atractivo venir aquí”.

Por último, la iniciativa aumentaría la inequidad entre el país receptor del inmigrante y el ofertante, pues formar el capital humano cuesta y si en adición a que el primero no compensa al segundo por ese costo, penaliza al inmigrante por usar una pequeña parte de su ingreso, luego de haber pagado los impuestos, para ayudar a su familia, estaríamos generando mayor desigualdad.

Eso se agravaría aún más en el futuro, pues Estados Unidos será cada vez más exigente con el capital humano al momento de dar el visto bueno al inmigrante y éste lo pensarán dos veces antes del tomar el vuelo si al hacerlo corre el riesgo de provocarse una herida que no cicatriza.