El objetivo común de los tres principales partidos políticos es apropiarse de recursos públicos, donde quiera que estén, para favorecer a buena parte de sus dirigentes, a sus asociados y a sus militantes más activos, y para utilizarlos en el financiamiento de las campañas electorales.

Como eso sólo puede hacerse al margen de las leyes y de los controles, se requiere secuestrar nuestra democracia. El secuestro opera en dos planos: el de la conducta política y el de las instituciones.

En el plano de la conducta política, lo que se hace es poner en práctica un pacto implícito de “caballeros”. Todos se atacan y denuncian, pero jamás se llega a la persecución judicial, pues cada cual sabe que corre el riesgo de ser víctima de la venganza del que lo reemplace.

En el plano institucional, se controlan y debilitan las instituciones públicas fundamentales. Por ejemplo, las entidades fiscalizadoras y el sistema judicial no pueden estar en manos independientes, pues si fuera así, habría condenas, desafueros y cárcel, sin que importe el color político. Por eso, los tres partidos se lanzan al abordaje de las instituciones y ya casi da lo mismo cuál de ellos las controla. Las más “prestigiosas” acogen en su seno a algunos de esos “honorables” que saben muy bien mirar hacia el lado cuando hay que mirar de frente y que se ufanan de ser “pragmáticos”.

El secuestro de nuestra democracia consiste, por tanto, en el control de sus instituciones básicas por parte de los partidos, con el objetivo de evitar que las mismas funcionen con independencia. De esa manera se priva a ella de contrapesos efectivos y los políticos tienen campo libre para hacer impunemente lo que han hecho durante décadas, burlándose sin rubor alguno de quienes los eligieron para que los representen.

Como la opinión pública puede desencadenar acciones políticas y sociales adversas, el secuestro institucional requiere de apoyo comunicacional. Por tanto, hay que gastar mucho en publicidad y comprar comunicadores, para mitigar escándalos y manipular percepciones.

Los partidos, por su parte, para ser funcionales al secuestro de la democracia, tienen que convertirse en mercados donde las lealtades se vendan y se compren, evitando así el riesgo de ser utilizados por nuevos liderazgos como vehículos para el cambio del modelo político.

Por todo lo anterior es que: a) los políticos están fuera del alcance de la justicia; b) el Congreso no aprueba una buena ley de partidos políticos; c) la Junta Central Electoral no va más allá de contar los votos d) ninguna de las auditorías de la Cámara de Cuentas ha tenido consecuencias significativas; e) la Policía no se reforma nunca; f) el Ministerio Público no representa a la sociedad, g) los gobiernos violan las leyes a la vista de todos, sin que pase nada, etc.

Rescatar la democracia de su prolongado secuestro es el desafío más grande que tiene nuestro país.