Cuando el secretario de Hacienda,  licenciado Vicente Bengoa Albizu, afirma que para el Estado dominicano es más conveniente proporcionar un vehículo a cada legislador, diputado y senador, en vez de exoneraciones, dice una gran verdad que tiene, además, importantes y positivas implicaciones políticas y económicas.

La vieja práctica de otorgar varias exoneraciones a los legisladores, uso lógicamente defendido por la mayoría de éstos y por sus organizaciones políticas, constituye una de las mayores afrentas de esa aparentemente indetenible patología de la política dominicana que es el clientelismo.

Los diputados y senadores necesitan cada vez más dinero para promover sus aspiraciones, primero, y luego para mantener a su clientela con cierta satisfacción. Porque prometen villas y castillas, porque en sus afanes proselitistas  hacen ofertas que desbordan  los límites de las tareas propias de un legislador.  Porque se pasa por alto que los miembros del Congreso Nacional no están para construir clínicas, escuelas, para dotar de ambulancias a sus jurisdicciones, para becar a estudiantes, para sostener asilos, orfelinatos y casas de albergue. La misión básica de senadores y diputados es promover políticas públicas que permitan que esos servicios sean ofrecidos por el Gobierno, a través de sus respectivos órganos, a todos los dominicanos y  dominicanas, y de manera especial a los miembros de sus respectivas comunidades.

Los legisladores tienen que concentrarse en dotar al país de leyes útiles,  efectivas y de fácil aplicación; en fiscalizar y ser vigilantes frente a los otros poderes del Estado; en consultar a sus votantes sobre los asuntos en discusión, y en representar de manera adecuada los intereses de sus provincias, municipios y demarcaciones.

La preocupación del secretario de Hacienda apunta hacia una de las expresiones del clientelismo político. Pero también hay que añadir otras, como son las donaciones que instituciones públicas tienen que hacer de cuando en cuando a los legisladores, como la Lotería Nacional y la CDEEE, siempre para poder cumplir con sus clientes partidarios. Y, por supuesto, en el corazón de esta práctica está  el célebre “barrilito”,  una pretendida legitimación del uso de los recursos públicos con fines políticos particulares.

Creemos que ya es tiempo de que la sociedad dominicana empiece a desmontar esta subcultura clientelista  tan nociva para políticos y electores, y tan gravosa para los contribuyentes.